- El ente de control solicitó apertura del incidente de desacato por incumplir el fallo del 27 de mayo de 2011, que busca adoptar medidas frente al deterioro ambiental generado por naves en abandono.
Con actuaciones preventivas y de seguimiento en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Procuraduría General de la Nación busca garantizar la protección del ambiente marino, el espacio público y los bienes de uso público, en el marco de la acción popular que ordena el retiro de embarcaciones abandonadas que representan riesgo para la isla.
En ejercicio de sus funciones constitucionales, el ente de control, a través de la Procuradora 17 II Ambiental, Minero Energética y Agraria, solicitó la apertura del incidente de desacato por el incumplimiento del fallo del 27 de mayo de 2011, con el propósito de asegurar que las entidades competentes adoptaran medidas efectivas frente al deterioro ambiental y los riesgos generados por naves en abandono.
El Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina respaldó las acciones de la Procuraduría y exhortó a las entidades involucradas a finalizar los trámites administrativos necesarios para proteger la Reserva de Biosfera Seaflower y evitar nuevos impactos ambientales.
Asimismo, declaró en desacato al director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por su negligencia en el proceso de chatarrización de las motonaves Miss Raziman y Speculator, resaltando la importancia del control preventivo en defensa del interés público.
El Ministerio Público hizo un llamado a cuidar el medio ambiente, la gestión responsable del territorio insular y la vigilancia permanente del cumplimiento de las decisiones judiciales que buscan preservar los derechos colectivos de los habitantes del Archipiélago.
