Atendiendo al proceso de discusión y concertación que se adelanta entre la comunidad del municipio de Turbaco, el Ministerio de Transporte y la ANI con relación a la problemática generada por el vencimiento de la prórroga establecida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que exoneraba del cobro a las categorías I y II en el peaje del municipio de Turbaco a partir del 17 de mayo de 2024, y ante la decisión de continuar con el cobro del peaje en el marco de las consideraciones técnicas y financieras que maneja la Ruta Caribe, MANIFESTAMOS QUE como funcionarios públicos respetamos el desarrollo de obras de tercera y cuarta generación que han sido contratadas. Sin embargo, entendemos que las proyecciones financieras y sus escenarios pueden ser evaluados con el tiempo y los rendimientos esperados en beneficio de la comunidad.
Por ello, INVITAMOS a la institucionalidad a NO perder de vista el problema central: la existencia del peaje en medio del municipio de Turbaco, el cual consideramos está mal ubicado y carece de sentido social, dividiendo su flujo circulatorio, su integración, su núcleo comercial y de desarrollo. Esta situación no ha sido analizada adecuadamente en relación con quienes se trasladan diariamente de manera recurrente y con frecuencia múltiple en la zona conurbada de este municipio, o para aquellos que migran por este corredor vial hacia su lugar de trabajo o entorno socioeconómico en la ciudad de Cartagena. Por lo tanto, se debe continuar el camino del diálogo y el planteamiento de soluciones acordes con esta realidad.
En este contexto, y ejerciendo las competencias otorgadas por el artículo 12 de la Ley 62 de 1993 COMO PRIMERA AUTORIDAD DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO, y en la misma línea en la que nuestro presidente de la república EXIGE la garantía de derechos fundamentales, bajo el liderazgo del Coronel Gerlver Yecid Peña Araque, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, se materialice LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. Se establecerá un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, que garantice la movilidad utilizando vías alternas y pasos programados para el libre tránsito, sin coartar o restringir el ejercicio del derecho fundamental invocado por los ciudadanos.
