Una tensa situación de orden público se vive en el departamento del Chocó, luego de que 18 militares del Ejército Nacional fueran retenidos por una multitud de cerca de 200 personas mientras adelantaban un operativo contra el ELN en el municipio de Carmen de Atrato.
De acuerdo con información oficial de la Décimoquinta Brigada del Ejército, los uniformados fueron rodeados y trasladados en contra de su voluntad a un resguardo indígena, en medio de labores de seguridad y control territorial.
El comandante de la brigada, general William Fernando Caicedo, confirmó que los militares se encuentran con vida.
“Sé que están bien porque el comandante de la unidad logró comunicarse conmigo por teléfono satelital. Estamos adelantando todas las gestiones para que se respete su vida y sean liberados”, afirmó en declaraciones a RCN.
Ejército y Gobierno califican el hecho como secuestro
Las Fuerzas Militares calificaron lo ocurrido como una grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad de los soldados, y rechazaron cualquier acción que interfiera con las operaciones contra el ELN.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera categórica lo sucedido y confirmó la interposición de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.
“Fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, mientras desarrollaban operaciones legítimas contra el cartel del ELN”, señaló el funcionario.
El ministro enfatizó que estas operaciones buscan proteger a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos de violencia, además de atender las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
“La Constitución es clara: la Fuerza Pública tiene el deber de estar donde sea necesario para proteger la vida y la seguridad de todos los colombianos. Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad”, advirtió.
Activados canales institucionales
El Gobierno informó que se activaron todos los canales institucionales, con acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y organismos de derechos humanos, priorizando la vida de los militares y evitando riesgos para la comunidad.
El ministro recalcó que lo ocurrido podría constituir delitos graves, como obstrucción a la función pública y otros tipos penales agravados, al tratarse de servidores públicos en misión constitucional.
Contexto de alta tensión armada
El hecho se produce en un contexto de alta tensión en varias regiones del país, luego de que el ELN anunciara un cese al fuego temporal entre el 24 de diciembre y el 3 de enero, días después de realizar un paro armado de 72 horas que incluyó ataques, instalación de explosivos y acciones violentas, como el atentado en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos.
En paralelo, el Frente 33 del Estado Mayor Central, liderado por alias ‘Calarcá Córdoba’, anunció un cese indefinido de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública.
Mientras avanzan las gestiones para la liberación de los soldados, el país permanece atento al desenlace de este nuevo episodio que vuelve a poner en evidencia la compleja situación de orden público en el Chocó.
