A más de dos décadas del asesinato del profesor Roque Morelli, la Fiscalía General de la Nación ha revelado nuevos detalles que redefinen las responsabilidades en este crimen que sacudió a la Universidad del Magdalena y al país. La más reciente resolución de acusación, emitida por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, sostiene que el homicidio fue un crimen con motivaciones ideológicas, ejecutado por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con complicidad del Estado a través de las fuerzas militares.
La decisión judicial vuelve a poner en el centro de la escena a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y a Adriano Sánchez Comas, alias ‘Don Joaco’, como autores intelectuales del asesinato, ocurrido en septiembre de 2002 en Santa Marta. Ambos eran figuras clave en la estructura paramilitar y su ala política en el Magdalena.
Pero más allá de confirmar responsabilidades, la Fiscalía descarta nuevamente la participación del exrector de la Universidad del Magdalena y hoy líder político, Carlos Caicedo, quien durante años fue señalado por sectores afines al clan Díazgranados como supuesto determinador del crimen. Una acusación que, con esta resolución, queda desmontada por completo.
“La verdad sigue abriéndose paso. Siempre fui inocente”, expresó Caicedo en sus redes sociales, tras conocerse el fallo. “Durante más de 20 años enfrenté amenazas por parte de paramilitares y sus aliados políticos que usan la justicia como herramienta de persecución”.
La resolución también se refiere a declaraciones clave entregadas en el marco del proceso de Justicia y Paz, entre ellas, las del exparamilitar Willinton Mora Buenhaber, quien señaló que la orden de asesinar a Roque Morelli fue entregada directamente por José Gregorio Rojas, bajo instrucción de Hernán Giraldo y con información proveniente del extinto DAS.
“Era una lista negra entregada por Walter Torres. En ella estaban Morelli, Edwin Riaño y otro más. Había que eliminarlos”, relató Mora Buenhaber en su testimonio.
Con estos hallazgos, la Fiscalía no solo reafirma la responsabilidad de las AUC, sino que vincula por primera vez de forma directa a sectores estatales en la elaboración y entrega de esa lista de muerte.
El caso vuelve a demostrar cómo en el Magdalena operó un entramado criminal donde confluyeron paramilitares, instituciones del Estado y clanes políticos, y cómo ese poder fue utilizado para silenciar voces críticas, como la del decano Roque Morelli, por su presunta cercanía con sectores de izquierda.
En contraste, la figura de Carlos Caicedo emerge reforzada, tras años de persecución judicial y política. Su desvinculación definitiva del caso también representa un revés para quienes, desde la legalidad y el poder, promovieron una narrativa construida más sobre intereses que sobre evidencias.
