El abogado Germán Castro retiró la demanda de nulidad que había interpuesto contra el decreto que fijó el salario mínimo, pese a que el proceso ya había sido admitido por el Consejo de Estado. La decisión, según explicó, se tomó tras recibir amenazas y mensajes de odio que pusieron en riesgo la seguridad y tranquilidad de su familia.
Castro señaló que, aunque la acción judicial avanzaba dentro de los cauces legales, el ambiente de hostigamiento escaló a un punto que lo llevó a desistir del proceso. “Ejercer acciones legales no puede convertirse en un ataque a la democracia ni en un motivo para intimidar o amenazar”, manifestó.
El jurista recalcó que la demanda buscaba un control jurídico sobre el decreto y no pretendía afectar derechos ni generar confrontaciones políticas. No obstante, advirtió que la presión y los señalamientos en su contra desdibujaron el debate jurídico y derivaron en agresiones personales.
La retirada del recurso deja sin efecto el estudio de fondo que adelantaba el alto tribunal sobre la legalidad del decreto del salario mínimo. El episodio ha reabierto la discusión sobre las garantías para el ejercicio de la acción judicial, la libertad de controversia jurídica y la necesidad de proteger a quienes acuden a los tribunales dentro del marco del Estado de derecho.
