Una movida política de alto nivel estaría detrás de la sorpresiva decisión del partido Cambio Radical de no postular un reemplazo para la curul vacante en el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la renuncia del exmagistrado César Lorduy.
Aunque el silencio inicial del partido generó incertidumbre, fuentes cercanas al Congreso revelaron que se trataría de un acuerdo político con el gobierno nacional.
Según trascendió, el pacto permitiría a Cambio Radical acceder a la presidencia de la Cámara de Representantes en el último año del actual periodo legislativo. El nombre que suena con fuerza para ocupar ese cargo es el del representante Leonardo Rico, perteneciente a esa colectividad.
A cambio, Cambio Radical habría aceptado no interferir en la elección del nuevo magistrado del CNE, programada para el próximo 8 de abril, en la que Álvaro Echeverry —cercano al presidente Gustavo Petro— sería elegido con el respaldo de las bancadas afines al gobierno, incluida la posible colaboración de Cambio Radical.
El acuerdo llama la atención debido a la aparente distancia que ha mantenido Cambio Radical frente al gobierno Petro. Sin embargo, esta alianza puntual podría responder a intereses estratégicos en el ocaso del actual Congreso, en un momento clave para el reacomodo de fuerzas políticas de cara a futuros escenarios electorales.
Con este movimiento, tanto el gobierno como Cambio Radical obtendrían beneficios: el primero, un nuevo magistrado alineado con sus intereses; el segundo, una posición de poder en la Cámara que le permitiría incidir en la agenda legislativa del último tramo del cuatrienio.
