La representante a la Cámara por el Huila, Flora Perdomo, del Partido Liberal y cercana al gobierno de Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una disputa jurídica con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), luego de que la entidad determinara que recibía simultáneamente su salario como congresista y una pensión estatal, lo que está prohibido por la Constitución.
Según la UGPP, desde 2014, cuando asumió su curul en la Cámara de Representantes, Perdomo recibió su salario legislativo junto con una pensión gracia que obtuvo tras casi 30 años como docente. Esto le permitió devengar mensualmente $1.768.723 de su pensión, además de los $48,1 millones que percibe como congresista.
En junio de 2023, la UGPP concluyó que esta doble asignación era irregular y ordenó a Perdomo devolver $36,5 millones, correspondientes a los pagos simultáneos recibidos entre julio de 2022 y mayo de 2023. Además, le suspendió el derecho a la pensión gracia.
La congresista rechazó la decisión, argumentando que su pensión fue otorgada legalmente por CAJANAL (hoy UGPP) bajo los principios de “buena fe y confianza legítima”. Presentó una acción de nulidad contra la sanción, pero el proceso avanzó y el pasado 24 de enero de 2025 se venció el plazo para presentar apelaciones o impugnaciones.
Ahora, un juez deberá determinar si Perdomo deberá devolver el dinero al Estado o si, por el contrario, se le restablecerá su pensión gracia con retroactivos, intereses y una posible indemnización. La decisión podría sentar un precedente clave en casos similares dentro del sector público.
