El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo advirtió que el elevado e inesperado aumento del salario mínimo tendrá consecuencias adversas difíciles de administrar, pese a que beneficiará directamente a cerca de una décima parte de los trabajadores colombianos y generará un impulso temporal en la demanda agregada.
Ocampo señaló que el incremento se suma a los mayores costos laborales derivados de la reforma laboral, en un contexto en el que casi la mitad de los trabajadores urbanos y más del 80 % de los rurales se encuentran en la informalidad. Según su análisis, este choque de costos afectará a todas las empresas, pero golpeará con mayor fuerza a las micro y pequeñas, que concentran buena parte del empleo formal.
El exministro alertó además sobre un impacto inflacionario relevante. Explicó que numerosos bienes y servicios están indexados al salario mínimo y que el aumento de los costos de producción terminará trasladándose a precios, incluidos productos esenciales de la canasta familiar, presionando el costo de vida de los hogares.
En ese escenario, Ocampo planteó que el Banco de la República podría verse obligado a subir las tasas de interés para contener la inflación, con efectos adicionales sobre el crédito, la inversión y la actividad económica.
A esto se sumarían mayores presiones sobre el gasto público, particularmente por el aumento en el costo de las pensiones y otras obligaciones indexadas al salario mínimo, en un momento en el que las finanzas del Estado ya enfrentan restricciones significativas.
Finalmente, el exministro cuestionó al Gobierno del presidente Gustavo Petro por adoptar esta decisión al final de su mandato y reclamó una explicación pública sobre cómo se manejarán sus efectos negativos y por qué, teniendo la convicción de avanzar hacia un salario vital, se optó por una medida cuyos costos deberá administrar el próximo gobierno.
