En una controvertida jugada fiscal, el Gobierno nacional expidió un decreto que obliga a las empresas a adelantar el pago de la autorretención en la fuente del impuesto de renta correspondiente al año 2026, para recaudarlo en el presente año. Aunque la medida busca oxigenar las finanzas públicas en medio de las crecientes presiones presupuestales, expertos advierten que esta maniobra compromete seriamente la caja del próximo gobierno.
El Ministerio de Hacienda argumenta que la decisión “desarrolla el principio de sostenibilidad fiscal” y evita “traumatismos presupuestarios” para el Estado. Sin embargo, el propio decreto reconoce que esta medida anticipada disminuirá los recursos disponibles en 2026, pues se reducirá el anticipo que los contribuyentes deben liquidar y pagar el próximo año fiscal.
Los sectores más golpeados por la decisión serán los de transporte, turismo, cultura, educación, agricultura, hidrocarburos, textiles, construcción y comercio. Dependiendo de la actividad económica, el incremento en la autorretención oscila entre el 0,55 % y el 3,5 %, lo que pone en aprietos a numerosas empresas, especialmente las que vienen de años complejos tras la pandemia y la desaceleración económica de 2024.
La cartera de Hacienda justificó el trato al sector agropecuario resaltando una supuesta agenda de fortalecimiento del campo y mencionando que el sector cafetero tuvo un año récord en 2024. Sin embargo, voces técnicas del sector privado advierten que este tipo de parches fiscales no solo ahuyentan la inversión, sino que debilitan la estabilidad tributaria del país.
Mientras el Gobierno intenta tapar el hueco del 2025, ya empieza a abrir uno más profundo para 2026. La factura, como suele ocurrir, la pagarán los sectores productivos y, tarde o temprano, los colombianos.
