El presidente Gustavo Petro llegó a Barranquilla para unirse a la marcha convocada por las centrales obreras contra las altas tarifas de energía en la región Caribe. Sin embargo, la movilización se da en medio de una paradoja: su propio gobierno tiene en sus manos la posibilidad de eliminar el régimen especial tarifario que afecta a los costeños, pero aún no lo ha hecho, pese a una orden judicial que lo obliga.
Así lo recordó Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en el Atlántico, quien reiteró que la decisión de rebajar las tarifas eléctricas está en manos del gobierno nacional. «El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó derogar el régimen tarifario especial y aplicar el mismo que rige en el resto del país, pero el gobierno aún no cumple», enfatizó.
Sobre la circular de la Superintendencia de Servicios Públicos que regula los cobros a terceros en la factura de servicios públicos, Alarcón destacó que aclara ciertos aspectos, como la obligatoriedad del cobro de aseo y saneamiento básico. No obstante, advirtió que otros cobros, como la tasa de seguridad, podrían incluirse solo si existe un acuerdo entre la empresa prestadora del servicio y la entidad territorial.
En cuanto a la marcha, Alarcón informó que la Liga de Usuarios no participó en esta, ya que no fue invitada a organizarla y considera que la solución al problema eléctrico no depende de la protesta, sino del cumplimiento de la orden judicial por parte del gobierno.
Finalmente, el dirigente insistió en que el problema de las tarifas eléctricas no radica solo en la generación de energía, sino en la aplicación de la Ley 142 y el régimen tarifario especial, que ya fue tumbado por el Tribunal Administrativo del Atlántico pero sigue vigente por falta de acción del Ejecutivo.
