El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, emitió un salvamento de voto que marca distancia crítica frente a una de las banderas políticas del gobierno Petro: la “Paz Total”. En el marco del análisis constitucional sobre el estado de conmoción interior decretado en el Catatumbo, Ibáñez fue contundente al responsabilizar directamente esta política por el deterioro del orden público en esa región y otras zonas del país.
“La política de ‘Paz Total’ ha contribuido de manera directa y verificable al deterioro progresivo del orden público”, señaló el magistrado, quien advirtió que lejos de consolidar avances en la superación del conflicto armado, dicha estrategia debilitó la presencia institucional, facilitó el reposicionamiento de grupos ilegales y agravó la inseguridad nacional. Ibáñez incluso cuestionó si esta política no es, en realidad, una “promesa incumplida”.
En una frase demoledora, afirmó que el “amarre” de la Fuerza Pública y su repliegue territorial sirvieron en bandeja de plata a los grupos armados ilegales para consolidar poder, expandirse y reorganizarse. “Todo ello ocurrió bajo el discurso de la paz”, remató el magistrado.
Además, Ibáñez cuestionó duramente el uso del estado de excepción por parte del Ejecutivo para enfrentar una crisis que, según él, es resultado directo de una política fallida. “El Gobierno Nacional no puede alegar una conmoción interior cuando la perturbación que la sustenta es el resultado directo de una política gubernamental fallida”, advirtió.
El pronunciamiento se dio junto con la magistrada ponente Paola Meneses y el magistrado José Fernando Reyes, quienes también se apartaron de la decisión mayoritaria que avaló parcialmente el estado de excepción. Para Ibáñez, el Gobierno está intentando resolver con herramientas excepcionales una crisis que debería manejarse con acciones institucionales permanentes y no con improvisación normativa.