Lo que comenzó como una jornada normal en el Centro Transitorio de Protección (CTP) de Santa Marta se convirtió este miércoles en un episodio tenso y caótico que dejó al descubierto las grietas del sistema de detención temporal en la capital del Magdalena.
Un motín protagonizado por personas privadas de la libertad alteró durante tres horas la tranquilidad del centro de la ciudad y puso en evidencia los problemas de hacinamiento, alimentación y manejo logístico en estas instalaciones.
El detonante, según versiones oficiales y testimonios recogidos en el lugar, fue el traslado repentino de varios detenidos hacia la Cárcel Rodrigo de Bastidas. Para muchos de los reclusos, el procedimiento fue percibido como arbitrario y sin información previa. A ello se sumaron reclamos reiterados sobre deficiencias en la entrega de alimentos y en las condiciones generales de detención, lo que encendió la mecha de la protesta colectiva.
Desde las primeras señales de alteración del orden, unidades de la Policía Metropolitana, apoyadas por funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital, hicieron presencia en el lugar. El objetivo era evitar que la situación escalara a una tragedia mayor. Durante las tres horas que duró la revuelta, hubo momentos de alta tensión, pero las autoridades lograron mantener el perímetro asegurado y, al final, evitaron fugas.
Aunque el motín no dejó personas lesionadas, sí se reportaron daños materiales tanto en la estructura del CTP como en un edificio vecino. Por esta razón, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres ordenó una evaluación técnica para determinar el alcance de las afectaciones. Algunos muros fueron golpeados, rejas forzadas y mobiliario destruido durante el enfrentamiento.
La reacción de la Alcaldía no se hizo esperar. En una medida de urgencia, se anunció la aceleración del convenio que se viene estructurando con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el cual permitiría trasladar de forma definitiva a los detenidos hacia la Cárcel Rodrigo de Bastidas. La meta: liberar el inmueble actual y evitar que se sigan presentando situaciones de este tipo.
Este episodio no solo refleja la fragilidad del sistema transitorio de reclusión, sino también la urgencia de una política carcelaria más clara para las ciudades intermedias, que enfrentan un creciente número de capturados sin contar con la infraestructura adecuada para su custodia.
