La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y su entonces secretario de Gobierno (e), Bayron Arrieta Jiménez.
La pesquisa se centra en posibles irregularidades en un contrato que supera los $ 970 millones.
El Ministerio Público sostiene que, aunque los recursos deberían haberse destinado para implementar un programa orientado a garantizar la participación ciudadana y fortalecer la democracia, la mayor parte del presupuesto se destinó a la adquisición de elementos de papelería y servicios logísticos, según una solicitud de la Registraduría.
La Procuraduría ha destacado que en los documentos aportados hasta el momento no se respalda que la elección de una entidad sin ánimo de lucro y su contratación directa fueran la manera adecuada de satisfacer las necesidades de la entidad.
“Además, no se evidencia la existencia de un estudio de mercado y del sector que garantice el cumplimiento cabal del objeto del convenio”, señaló el órgano de control.
La entidad también está investigando una presunta adición al convenio de casi el 50 por ciento, sin los análisis y estudios de conveniencia necesarios.
Más detalles del proceso
“Se señalan cambios en condiciones técnicas, como alquileres de salones, sin justificación y sin modificaciones en los precios unitarios de los elementos”, agrega la Procuraduría.
Finalmente, indicó que ha solicitado a la Alcaldía toda la documentación relacionada con este convenio, suscrito con la asociación ‘Gente Joven A.G.J’.
