Senadores de bancadas independientes y de oposición están cocinando un proyecto de ley que podría cambiar las reglas del juego en materia de ejecución presupuestal.
La iniciativa, que se presentaría antes de que finalice la actual legislatura, busca establecer un blindaje legal a las vigencias futuras presupuestales, con el fin de asegurar que estos recursos cuenten con una protección jurídica robusta frente a eventuales cambios de gobierno o disputas políticas.
El articulado contemplaría que los recursos comprometidos mediante vigencias futuras —mecanismo clave para financiar grandes obras de infraestructura y proyectos estratégicos— sean obligatoriamente administrados a través de fiduciarias del sector público. Esto evitaría su desviación o uso discrecional y garantizaría mayor transparencia en su ejecución.
Además, se establecería que los rendimientos financieros generados por esos fondos retornen directamente a los ingresos corrientes de la Nación, lo que reforzaría el marco de sostenibilidad fiscal y brindaría mayor solidez a la planeación de mediano y largo plazo tanto del Gobierno central como de las entidades territoriales.
Aunque el Gobierno aún no se ha pronunciado, la movida ya genera inquietud en el Ministerio de Hacienda, que teme una pérdida de maniobrabilidad técnica y política sobre el uso de esos recursos. En cambio, desde sectores regionales se celebra la propuesta, que permitiría blindar la financiación de megaproyectos frente a vaivenes burocráticos y presiones clientelistas.
