Así lo anunció esta tarde la Alcaldía de Barranquilla frente al desalojo de 35 familias que ocupan un predio público, en la Ciénaga de Mallorquín, fue suspendido.
Por lo anterior, se espera que la Inspección de Policía fije una nueva fecha y así poder dar cumplimiento a la orden de desalojo del resto de familias que permanecen en la zona.
El Distrito agregó diciendo que este proceso no ha parado y continúa a fin de poder recuperar el bien de interés público, soportado en la decisión administrativa tomada en 2017 a raíz de la querella presentada por las secretarías Jurídica y de Gobierno.
Cabe resaltar que en horas de la mañana, se dieron cita algunos moradores afectados y desalojados para manifestar el descontento de lo sucedido la tarde del jueves, tras ratificar que ellos no se oponen al proyecto o las decisiones que tome la administración, siempre y cuando los tengan en cuenta y no se vean afectados.
Por su parte explicó Dimas Caraballo, líder de la junta de acción comunal del barrio, que la comunidad si es consciente que desde el 2019 hay un fallo administrativo ante una ordenanza, que dice que el Distrito debe recuperar una zona de bajamar a orillas de la Ciénaga de Mallorquín; sin embargo, dijo que no están de acuerdo con la forma en que se dio el desalojo el jueves.
“Desde hace años el Distrito de Barranquilla fue negligente ante estas personas que en su momento por su necesidad se vieron obligadas a invadir esos cuerpos de agua. Hoy son unos asentamientos que están entre 10 a 15 años, para dónde cogen estas personas. La idea es buscar mecanismos de concertación, no sacar a la fuerza a la familia”, dijo Caraballo.
Entre tanto, los habitantes sostienen que solo hasta el día miércoles fue que recibieron la notificación de que se realizaría el desalojo, por lo que los tomó por sorpresa. Además, alegaron que la condición en la que viven no les permite trasladarse a otro lugar de un día para otro.
“Nos quieren dar un millón de pesos por cada vivienda, a dónde nos vamos con ese dinero, si tuviéramos plata para comprar una casa no estuviéramos ahí ninguno pasando necesidad. Trabajamos el día a día, vivimos de la pesca, no tenemos un sueldo fijo. Estamos pidiendo que nos den una vivienda digna, aunque sea un terreno para construir”, expresó Yenire Delgado, habitante del sector.
La Alcaldía de Barranquilla indicó que ya había informado, a través de un comunicado a la opinión pública, que la diligencia de recuperación de los terrenos de la ronda de la Ciénaga de Mallorquín, así como el mismo cuerpo de agua, se realizó bajo un marco normativo legal.
La diligencia de recuperación de los terrenos sobre los cuales existe un asentamiento de 35 unidades familiares se origina en una querella impuesta en el año 2017 para la restitución de un bien de uso público en un área de 26.600 metros cuadrados, donde se surtió con los pasos que contempla el marco legal, incluyendo jornadas de diálogos con las familias asentadas en la zona.
La actuación policiva se puso en marcha para dar cumplimiento a una Acción Popular ejecutoriada y en firme que impuso al Distrito la obligación de recuperar la Ciénaga de Mallorquín de todos aquellos asentamientos que se encontraban en la zona infringiendo las normas protectoras de los derechos constitucionales superiores colectivos, en este caso, en relación con el medioambiente y el espacio público.
Han sido constantes los llamados a desistir de construir, rellenar o prolongar el asentamiento, los cuales quedaron documentados en querellas, intervenciones y operativos.
A las 35 familias asentadas en la zona se les garantizará el pago del arriendo durante tres (3) meses, tiempo después del cual se evaluará cada caso. Esto incluye acompañamiento para revisar la posible aplicación a programas de subsidios de viviendas.
Junto a Migración Colombia se viene trabajando con las familias venezolanas asentadas en la zona, a quienes se les formulará una oferta institucional que incluye posibilidades de empleo y emprendimiento a través del Centro de Oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla.
Con la totalidad de las familias se explorarán posibilidades de contar con un sitio donde vivir. Por encontrarse invadiendo una zona ambientalmente protegida, se hizo necesario recuperar este bien de uso público.
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D.A.
