El cierre de 2025 dejó una de las decisiones económicas más controvertidas del Gobierno Petro. En plena antesala navideña, cuando el país ya estaba desconectado del debate público, se conoció que el Ejecutivo endeudó a Colombia en 23 billones de pesos, no solo a una tasa del 13,15 %, sino mediante un procedimiento sin subasta y por asignación directa.
El movimiento, inusual por su costo y por la forma en que se realizó, abrió una pregunta que hoy sigue sin respuesta:
¿Por qué Petro decidió endeudar tan caro al país y hacerlo justo en ese momento?
Colombia amaneció el primero de enero con un guayabo distinto. No fue el de la fiesta ni el del exceso de fin de año, sino uno más profundo: el de una incertidumbre democrática y fiscal que dejó el cierre de 2025 bajo el Gobierno de Gustavo Petro.
Mientras la atención internacional se concentraba en la sorpresiva operación ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump para sacar del poder a Nicolás Maduro en Venezuela, en Colombia se acumulaban decisiones que, vistas en conjunto, dibujan un patrón político inquietante justo en la antesala de la campaña electoral.
Deuda cara y tomada a dedo
El primer golpe llegó en plena temporada navideña. El 19 de diciembre, cuando el país ya estaba en modo vacaciones, se conoció que el Gobierno endeudó a Colombia en 23 billones de pesos, a una tasa del 13,15 %, sin subasta pública y mediante contratación directa.
El costo no es menor: incluso en el escenario más optimista, el país pagará más de 264.000 millones de pesos adicionales al año en intereses. La decisión generó críticas, especialmente porque contrasta con el discurso presidencial contra el Banco de la República por no bajar las tasas de interés.
La pregunta quedó en el aire: ¿por qué la urgencia de tener semejante monto de recursos justo en año preelectoral?
Impuestos por decreto y Congreso al margen
El segundo movimiento elevó aún más la tensión institucional. Petro decretó una emergencia económica para crear impuestos y recaudar 16,3 billones de pesos, pese a que el Congreso había negado la reforma tributaria días antes.
El decreto fue expedido el 22 de diciembre, cuando la rama judicial ya estaba en receso, lo que permitió empezar a cobrar los nuevos tributos sin un control inmediato de la Corte Constitucional, que en el pasado ya había tumbado una emergencia similar por no cumplir los requisitos de excepcionalidad.
Constituyente y choque institucional
La tercera decisión encendió las mayores alarmas. El 26 de diciembre, el Ministerio del Trabajo inscribió el comité para recolectar firmas con miras a convocar una Asamblea Constituyente.
El proyecto conocido plantea reformas profundas: la creación de un nuevo tribunal que debilitaría a la Corte Constitucional, la pérdida de autonomía del Banco de la República y una reorganización institucional que, según críticos, recuerda el camino seguido por Venezuela antes de consolidar su modelo autoritario.
Salario mínimo y populismo económico
A esto se sumó el aumento del salario mínimo cercano al 23,7 %, celebrado desde el atril presidencial, pero cuestionado por economistas que advierten sobre su impacto en la informalidad, el desempleo y el costo de vida.
El incremento, muy por encima de la productividad, es visto como una decisión políticamente rentable, pero económicamente riesgosa, una combinación habitual en contextos preelectorales.
Universidades bajo presión
En regiones como Antioquia, el malestar fue aún más evidente. La nueva toma de la Universidad de Antioquia reavivó el debate sobre la autonomía universitaria, luego de que se conociera que en 11 de las 32 universidades públicas el Gobierno tiene delegados señalados de promover cambios en los mecanismos de elección de rectores.
Para sectores académicos, se trata de una señal preocupante: el control de los espacios donde se forma el pensamiento crítico.
Un guayabo democrático
Más que un balance amargo de fin de año, lo ocurrido es leído por analistas como una advertencia: un Gobierno dispuesto a tensar los límites de la democracia y la estabilidad fiscal para sostener su proyecto político.
El guayabo que deja este arranque de 2026 no es simbólico ni retórico. Es, para muchos, profundamente democrático.
