Un grupo de abogados venezolanos en el exilio solicitó formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos abrir una investigación penal contra Nicolás Maduro por presuntos actos de tortura, delito que en la legislación estadounidense puede acarrear hasta cadena perpetua e incluso la pena de muerte si se demuestra que las víctimas fallecieron como consecuencia de esos abusos.
La petición fue introducida el 4 de enero, un día después de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a territorio norteamericano. Según los juristas, su presencia en Estados Unidos activa la jurisdicción prevista en el Estatuto Federal contra la Tortura.
“En Estados Unidos, este principio solo se activa si el torturador está en territorio americano. No importa dónde estén las víctimas ni dónde ocurrieron los hechos. Lo determinante es que el ejecutor esté aquí”, explicó el abogado Kelvi Zambrano en declaraciones al medio local Tal Cual. La iniciativa es liderada por Zambrano junto a los abogados José Valderrama, Villca Fernández y Julie Vanessa Siado.
La solicitud no se sumaría al expediente que cursa actualmente en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro enfrenta cargos por presunto narcotráfico. Se trata de un procedimiento independiente.
“Procesalmente, no se pueden agregar nuevos cargos al expediente existente. Esto requiere una nueva investigación y es el fiscal quien decide si la inicia. Tiene un margen de discrecionalidad muy amplio”, explicó Zambrano a Tal Cual. El fundamento legal invocado es el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 2340A (18 U.S.C. § 2340A), incorporado en 1994 tras la ratificación por parte de Washington de la Convención contra la Tortura.
La norma establece que quien, fuera de Estados Unidos, cometa o intente cometer tortura puede enfrentar hasta 20 años de prisión. Si la víctima muere como consecuencia de esos actos, la pena puede ser cadena perpetua o incluso la muerte.
“Si de los actos de tortura resulta la muerte de la víctima, la ley permite cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Nosotros estamos procurando que se aplique la máxima pena que establece el estatuto”, sostuvo Zambrano.
El abogado afirmó que en Venezuela “muchas personas murieron bajo custodia del Estado como consecuencia de torturas”, lo que, según argumenta, encajaría en el supuesto agravado contemplado por la legislación estadounidense.
Zambrano subrayó que el estándar probatorio en el sistema federal estadounidense es distinto al de la Corte Penal Internacional (CPI). Mientras que ante la CPI la tortura debe acreditarse como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, bajo la ley estadounidense bastaría con un solo caso probado.
“Aquí no hace falta demostrar sistematicidad, ni generalidad. Basta con que exista una sola víctima que pruebe que fue torturada bajo el color de la ley para que el Departamento de Justicia esté obligado a investigar”, afirmó.
Los abogados citan como antecedente el caso de Michael Sang Correa, exintegrante de la unidad paramilitar conocida como Junglers en Gambia, condenado en 2025 por un jurado federal en Colorado por actos de tortura cometidos en 2006 contra personas acusadas de participar en un intento de golpe de Estado.
Correa fue procesado bajo el mismo estatuto federal tras ser identificado en territorio estadounidense. El caso marcó un precedente relevante, ya que fue la primera vez que un tribunal federal aplicó de manera efectiva esa jurisdicción contra un ciudadano extranjero por hechos ocurridos fuera de Estados Unidos. En agosto de 2025, la corte lo sentenció a 810 meses de prisión, equivalentes a 67 años y medio.
