María Cristina Cuéllar, la ciudadana que interpuso la tutela que llevó al Consejo de Estado a ordenar al presidente Gustavo Petro abstenerse de transmitir consejos de ministros por canales privados, regionales y comunitarios, pidió al alto tribunal abrir un incidente de desacato contra el mandatario.
En su solicitud, Cuéllar argumenta que el jefe de Estado desobedeció el fallo judicial al realizar una transmisión por canales privados que, aunque fue presentada como una alocución, incluyó intervenciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y otros altos funcionarios, en lo que varios sectores interpretaron como un nuevo consejo de ministros.
Según la accionante, la transmisión fue utilizada con fines políticos. “No fue una simple alocución, sino una intervención extensa orientada inicialmente a criticar el fallo de tutela, a los medios de comunicación y a los gremios económicos”, señala el documento. También denuncia que en ese espacio se abordaron temas como la consulta popular impulsada por el Gobierno y la convocatoria a una marcha el 1 de mayo de 2025, lo cual —a su juicio— constituye un uso indebido de la señal institucional.
Para Cuéllar, lo sucedido representa una burla a la institucionalidad y a las órdenes judiciales. “Persisten en una conducta renuente al cumplimiento de la ley y la Constitución”, sostuvo en su escrito, en el que también denunció “maniobras” para evadir el cumplimiento del fallo.
La ciudadana pidió al Consejo de Estado que se impongan sanciones al presidente Petro por el presunto desacato y solicitó que se garantice que los canales privados puedan desligarse de estas transmisiones sin temor a sanciones, protegiendo así su independencia editorial.
El Consejo de Estado deberá analizar la solicitud y determinar si se abre o no el incidente de desacato contra el jefe de Estado.
