La Superintendencia de la Economía Solidaria encendió las alarmas en torno a la situación crítica que atraviesa Coolechera, una de las cooperativas más emblemáticas de Barranquilla. En un pronunciamiento hecho público en las últimas horas, la superintendente María José Navarro denunció que “delincuentes pretenden adueñarse de la operación” de la empresa.
“Pretenden obligar al Agente Especial a firmar un contrato con delincuentes. ¡No les tememos! Las amenazas y las presiones no funcionan con nosotros”, escribió Navarro en su cuenta oficial de X (antes Twitter), lanzando un mensaje directo y contundente ante lo que calificó como maniobras irregulares.
Navarro señaló además que un “hampón actuando a nombre de la cooperativa, a espaldas de la Supersolidaria y del actual agente, no se saldrá con la suya”. La funcionaria aseguró que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá las investigaciones pertinentes.
Coolechera, en crisis
La situación de Coolechera ha venido siendo evaluada desde hace semanas por un agente interventor, designado para liderar el proceso de recuperación de la cooperativa. Según reveló Navarro el pasado 11 de julio, ya se concluyó la fase diagnóstica y se entregó un informe detallado que confirma las serias dificultades financieras y operativas que enfrenta la empresa.
“Hemos encontrado una entidad con muchas dificultades financieras: obligaciones con bancos, deudas laborales, problemas en la producción. Esto requiere acciones rápidas y el compromiso de todos los actores”, explicó la superintendente.
Navarro anunció además que en los próximos 15 días será entregado el plan de reactivación, con el objetivo de revertir la causal de intervención en un plazo de un año.
Llamado a la legalidad
Finalmente, la Superintendente hizo un llamado a todos los sectores a ponerse del lado de la legalidad y la transparencia, instando a proteger una cooperativa que ha sido parte fundamental del tejido económico de la región Caribe.
Coolechera, por ahora, continúa intervenida y bajo vigilancia estrecha del Estado, mientras se define su futuro en medio de denuncias, presiones y una compleja realidad financiera.
