Uno de los temas coyunturales en el país ha girado en torno a los beneficios e impactos que traería implementar la ‘tarifa cero’ en el transporte público que propuso el presidente Gustavo Petro.
Ante la propuesta del mandatario, diferentes gremios económicos empezaron a realizar un análisis sobre qué tan viable sería el subsidiar este servicio y de dónde saldrían los recursos para hacerlo.
El presidente manifestó que su idea era que los ciudadanos pagaran una cuota adicional en el recibo de la luz, en especial aquellos hogares pertenecientes a estratos 4,5 y 6 en las diferentes ciudades del país.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, indicó que la propuesta no es descabellada, pero que desde el Gobierno no se ha evaluado los suficientes detalles para que sea financiada correctamente. Adicionalmente, advierte la falta de estudios y planes operativos para su realización.
De acuerdo con la entidad, Transmilenio S.A factura cerca de $2,3 billones y su costo total de operaciones es de $4,8 billones, lo que quiere decir que si todos los hogares contribuyeran igualitariamente tendría que pagar entre $63.000 y $136.559 adicionales en la factura.
Por ello y sobre todo pensando en los usuarios de bajos recursos, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, la ANIF exclama que es necesario brindar medidas que alivien su bolsillo y les permita movilizarse tranquilamente.
Es así que propone una tarifa diferencial según el estrato socioeconómico y que se implantaría de la siguiente forma: los estratos 1 cancelaría el 40% de la tarifa base, estratos 2 pagarían 50%, los estratos 3 costarían el 85% y los niveles 4,5 y 6 asumirían un 120%.
