El Consejo de Estado ordenó una sentencia anticipada en el proceso de nulidad contra la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación. La decisión representa un nuevo episodio de tensión institucional entre el alto tribunal y la Presidencia de la República, que había solicitado dejar sin efecto las demandas interpuestas contra el nombramiento.
En su fallo, el Consejo de Estado explicó que la figura de sentencia anticipada era procedente al no haberse llevado a cabo la audiencia inicial y considerando que los medios de convicción aportados al proceso son exclusivamente documentales. La Sección Quinta será la encargada de emitir el fallo correspondiente.
Adicionalmente, la Presidencia de la República sufrió un revés en su intento de frenar el proceso judicial. El alto tribunal negó la excepción de ineptitud de la demanda, presentada por el Gobierno, la cual argumentaba que el acto administrativo no fue individualizado de forma adecuada y que no existían fundamentos legales para cuestionar el procedimiento de selección de la terna.
“El Consejo de Estado declara no probada la excepción de ineptitud de la demanda, invocada por la Presidencia de la República, por las razones expresadas en la parte considerativa de esta providencia”, señala el documento judicial.
Las demandas de nulidad fueron presentadas por seis ciudadanos: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Harold Eduardo Sua Montaña, Jonh William García Castro, Sthefanny Feney Gallo Herrera, Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y Juan Manuel Retis Amayal. Todos argumentaron que la elección de Camargo fue irregular, debido a que se realizó cuando una de las integrantes de la terna, Amelia Pérez, ya había renunciado minutos antes de la votación final en la Corte Suprema de Justicia.
Cabe recordar que el magistrado Gerardo Botero, de la misma Corte, se pronunció en su momento solicitando que se tumbara la terna por considerar que afectaba los principios de equidad de género, ya que estaba compuesta exclusivamente por mujeres.
Esta decisión del Consejo de Estado mantiene viva la controversia jurídica y política en torno al nombramiento de la actual fiscal general y abre la puerta a un eventual fallo que podría anular su elección.
