Ayer lunes, el presidente Gustavo Petro envió una carta al presidente del Congreso, el senador Iván Name, con la terna para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Alejandro Linares.
El mandatario postuló a Vladímir Fernández, actual secretario jurídico de la Presidencia, Cielo Rusinque, exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), y Gerardo Vega, director de la Unidad de Restitución de Tierras, para ocupar este cargo.
Al respecto, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, manifestó su preocupación debido a que los tres han sido funcionarios del gobierno Petro y, por lo tanto, tienen poca independencia, además, de la escasa experiencia constitucional.
“Uno de los fenómenos que hemos visto en la región son distintos mecanismos a través de los cuales gobiernos intentan cooptar las cortes y por esa vía, en el peor de los escenarios, terminan por debilitar la separación de poderes y la independencia judicial”, explicó Goebertus.
Para la directiva, la terna no cumple con los criterios básicos establecidos por la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de independencia, imparcialidad e idoneidad.
“Nos sorprende porque el presidente Petro había sentado una vara distinta con la terna que presentó para la Fiscalía y en esta tristemente retrocede y se devuelve a una de las prácticas usuales en Colombia de postular a su círculo cercano y primar la lealtad por encima del conocimiento en materia constitucional”, agregó.
