Por: José Caballero Lopera
El impactante asesinato en la ciudad de Cali de Michel Dayana González nos sumerge en un abismo de tristeza e indignación, poniendo de manifiesto las serias deficiencias en nuestro sistema judicial. Harold Andrés Echeverri, señalado como el perpetrador y con antecedentes por delitos sexuales con menores de edad, se encontraba en libertad, generando preguntas inquietantes sobre la eficacia de nuestros mecanismos de información y la liberación de individuos peligrosos.
Resulta incomprensible cómo un depredador con un historial tan oscuro podía acechar a nuestras niñas sin restricciones. La noticia de que Echeverri tenía antecedentes por el delito de acceso carnal y acto sexual con menores de edad nos deja desconcertados e indignados. ¿Cómo es posible que un individuo con un perfil tan peligroso no estuviera bajo supervisión constante?
El desconcierto se agudiza al descubrir que nuestros sistemas de información, según lo manifestado por la empresa en la que Echeverri se desempeñaba como vigilante, no reflejaban sus antecedentes. Esta omisión representa una falla grave que compromete la integridad de la sociedad y destaca la necesidad urgente de revisar y mejorar estos sistemas. No podemos permitir que individuos con un historial tan siniestro sigan caminando libremente por nuestras calles.
Vivir en un mundo donde las niñas y mujeres son víctimas de violencia y crueldad es inconcebible, y la horrenda pérdida de la joven Michel Dayana González lo subraya trágicamente. El lema “Los niños no se tocan, las niñas se cuidan” que resonó en la velatón realizada al frente del taller donde aparentemente sucedieron los hechos es un llamado de atención a la conciencia colectiva, recordándonos que debemos ser guardianes de la dignidad de nuestras niñas y niños.
Harold Andrés Echeverri, señalado como el responsable de este crimen, no debe quedar impune. La recompensa ofrecida por su captura subraya la gravedad de sus acciones y la urgencia de llevarlo ante la justicia para que responda por el horrendo acto cometido. Hacemos un llamado enérgico a la Fiscalía para que presente un caso lo suficientemente robusto que permita la imposición de la pena más alta posible para este delincuente. La sociedad merece respuestas y justicia para Michel.
En el contexto de la cadena perpetua para casos como este, respetamos la decisión de la Corte Constitucional, cuya función es garantizar los derechos fundamentales. Sin embargo, ante la brutalidad de este crimen, surge la interrogante sobre si la negativa a la cadena perpetua fue la decisión más acertada. El caso de Michel Dayana González debe ser un llamado a la acción, impulsando reformas serias para garantizar que criminales con antecedentes tan graves no queden en libertad, comprometiendo la seguridad de nuestra sociedad. La justicia debe prevalecer, y es esencial corregir los fallos en nuestros sistemas de información y supervisión para proteger a las familias colombianas.
