El Tribunal Administrativo del Atlántico abrió un incidente de desacato contra directivos del Invías por el presunto incumplimiento de la orden judicial que exigía el cierre total del antiguo puente Pumarejo, también conocido como Laureano Gómez, por razones de seguridad.
La medida cobija a varios funcionarios de la entidad en los departamentos de Atlántico y Magdalena, quienes deberán rendir un informe en un plazo de 48 horas explicando las acciones adelantadas para cumplir con la orden de cierre.
La decisión se origina en una solicitud presentada por la Personería de Barranquilla, al considerar que tanto Invías como el Ministerio de Transporte no han acatado plenamente la medida cautelar emitida desde octubre de 2025.
El fallo judicial ordenaba impedir el tránsito peatonal y vehicular en el viaducto mediante la instalación de barreras físicas, señalización y otros mecanismos de cerramiento, debido al riesgo que representa la estructura.
Aunque el Ministerio de Transporte aseguró haber implementado acciones como señalización preventiva, operativos de control y patrullajes, el Tribunal concluyó que estas medidas no han sido suficientes, ya que la comunidad continúa utilizando el puente.
Por su parte, Invías indicó que ha realizado socializaciones, instalación de señalización y gestiones para el cerramiento, pero señaló que no cuenta con facultades de control policivo. Además, reconoció que la oposición de algunos habitantes del corregimiento de Palermo ha dificultado la instalación total de las barreras.
Sin embargo, para el Tribunal Administrativo del Atlántico, la persistencia del paso de personas evidencia un posible incumplimiento de la orden judicial.
Con la apertura del incidente de desacato, la autoridad busca establecer responsabilidades y determinar si los funcionarios incurrieron en falta al no garantizar el cierre efectivo de esta infraestructura considerada de alto riesgo.
