El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el contrato estatal por $1,3 billones destinado a la elaboración de pasaportes y visas en el país.
Según el Ministerio Público, el acuerdo podría vulnerar los principios de transparencia y libre competencia que rigen la contratación pública.
El contrato fue suscrito entre la Cancillería de Colombia, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, y ha estado en el centro del debate por su cuantía y las condiciones en que se adjudicó.
La admisión de la demanda abre un nuevo capítulo en la controversia jurídica y administrativa alrededor de uno de los contratos más costosos de la actual administración.
