El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio un plazo de un año al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo para que adopten e implementen una política pública efectiva para la sustitución del asbesto en Colombia, mineral prohibido desde 2019 por sus efectos nocivos para la salud.
En su fallo, el Tribunal advierte que persiste la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la salubridad pública, debido a la falta de acciones concretas por parte del Estado para eliminar por completo el uso del asbesto en el país.
La decisión judicial responde a una acción popular interpuesta por organizaciones ciudadanas y ambientales que denuncian el incumplimiento de la Ley 1968 de 2019, que prohíbe el uso del asbesto y establece su sustitución progresiva.
Se espera que los ministerios involucrados presenten en los próximos meses un plan detallado que incluya alternativas seguras, cronogramas de ejecución y estrategias de seguimiento.
