El Gobierno de Donald Trump ha encendido alarmas entre millones de inmigrantes legales en Estados Unidos al endurecer su estrategia migratoria, advirtiendo que incluso los titulares de residencia permanente (green card) con antecedentes penales podrían ser arrestados y deportados.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que ahora se priorizará la “detención obligatoria” de residentes legales con antecedentes, incluso si se trata de ofensas menores y no violentas, al regresar al país. Esto ocurre mientras el Congreso aprobó un presupuesto de 75 mil millones de dólares para fortalecer al ICE, aumentar agentes, ampliar centros de detención y reforzar las redadas.
Grupos civiles advierten que la deportación masiva de residentes legales podría costar al país cerca de seis millones de empleos, afectar sectores como la construcción y el cuidado infantil, y erosionar la economía local.
La medida también ha generado temor en familias que cancelan bodas y viajes por miedo a ser detenidos al reingresar, mientras abogados de inmigración reportan un aumento de casos de residentes detenidos, incluso esposas de militares y madres con años viviendo en EE.UU.
A la par, Trump impulsa la propuesta de la “Trump Gold Card”, un plan que permitiría a inversionistas millonarios obtener residencia y ciudadanía a cambio de pagos de cinco millones de dólares, generando críticas por elitismo y posibles riesgos de lavado de dinero.
Mientras tanto, organizaciones legales han presentado demandas por las restricciones impuestas, recordando que las leyes vigentes exigen procesos judiciales antes de revocar una residencia legal.
El gobierno Trump insiste en que “tener green card no lo exime de responsabilidad legal”, reforzando una política migratoria que privilegia a los más ricos y aumenta la presión sobre las comunidades migrantes en Estados Unidos.
