Opinión

Un atraco: Nos aumentaron la tarifa de energía en el 34% en un año. Y no protestamos. Por: Jorge Vergara Carbó

El gobierno del presidente Duque, no solo le entregó a Alberto Ríos y EPM, el mercado de la Región Caribe a un precio muy por debajo al costo de  la inversión ejecutada para que la empresa intervenida funcionara. La inversión supero los $5 billones, y ARE Y AFINIA, pagaron aproximadamente unos, $600.000 millones. Para complementar el regalo a esas dos empresa, nuestros parlamentarios  decidieron darles “una ñapa”, al aprobar en el Plan de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, en su artículo 318, un régimen especial tarifario .Lo  cual significó un aumento considerable en la tarifa que hoy pagamos, a partir del mes de julio de 2021, la cual se incrementará mensualmente hasta llegar a la tarifa de referencia aprobada para AIRE $834.43, por KWH, y a AFINIA $762.36. Estas tarifas superan a las de EPM, Pereira, Cali, Bogotá, Santander en más del 34%, para el estrato 4.

A nuestros parlamentarios, como al gobierno y a los señores de la CREG, se les olvido que al fijar ese régimen tarifario afectaran la competitividad de la Región Caribe, como su nivel de vida dado que no es solo por el bajo nivel de ingresos de la región, sino que consumimos nueve (9) veces más kilovatios, que los que consumen en el interior para tener un nivel de vida similar.

El otro absurdo, es que  a los caribeños nos obligan a pagar en la tarifa la “ineficiencia” de las empresas, al incluirnos  un sobre cargo por el robo de energía y por el deterioro de la cartera. Esto significa que usted, paga por el robo de energía de los conectados ilegalmente, o que tienen adulterado su equipo de medida, y por supuesto por los que no pagan su facturación.

Lo anterior quiere significar, que los señores de AIRE y AFINIA, no corren ningún tipo de riesgo. Van a la fija, compraron barato, les regalaron la cartera de Electricaribe, también le regalaron la facturación del mes de septiembre del año 2020, les aumentaron la tarifa en más de un 34%, y les acaba de aprobar la CREG, el negocio de los medidores inteligentes ”AMI”, mediante la Resolución 101-001, del 18 de enero de 2022, publicada en abril 13, de este año. ¿Quiénes están detrás del negocio de los medidores inteligentes? Ese negocio es de $7.4 billones.

LOS CRIBEÑOS  SOMOS INDOLENTES

Por ello nos merecemos nuestra suerte. Estamos por fuera del poder político, sin líderes y seguiremos así. Nuestras obras básicas de infraestructura no se hacen, solo se prometen y nada  que se cumplen. Somos la región con el mayor índice de informalidad en el trabajo (60%), con el mayor índice de desempleo ( 14%), de pobreza(50%), más hambre(70%), bajos niveles de educación, carencia de servicios de salud y las tarifas más altas del país en los servicios públicos domiciliarios,  principalmente las que no cobra AIRE y AFINIA.

Nuestro parlamentarios liderados por los del Departamento del Atlántico, nos impusieron en el Plan de Desarrollo 2018-2022, en su artículo 318, de la Ley 1955 de 2019,un régimen tarifario especial que fue interpretado por los funcionarios de la CREG, para aumentar las tarifas en la Región Caribe, por encima del 34%, tal como está sucediendo sin ningún tipo de movilización o protesta de parte de la ciudadanía, que con su silencio apoyaron el aumento de las tarifas y en reconocimiento a los parlamentarios volvieron a votar por ellos.

Solo voces aisladas alertaron a la ciudadanía, como los ingenieros Carlos Diago y William Murra, líderes sociales como Norman Alarcón, Indulfo Guerra, Helena Restrepo, juntas de Acción Comunal , asociaciones de usuarios , la ONG ”Cívicos en Acción”, y el periódico la Libertad, pero sin reacción alguna por parte de la comunidad y de los medios de comunicación, con algunas excepciones. Hasta donde ha llegado el grado de “indolencia” que aguantamos todo tipo de maltrato, y no protestamos. ¿Hasta Cuándo levantaremos la mano para decir basta ya?

“COMO SE TEJIÓ ESTE ATENTADO CONTRA EL BOLSILLO DE LOS CARIBEÑOS”

El documento CONPES 3985 de 2020, recoge el diagnostico de lo acontecido en el sistema de distribución de energía eléctrica en la Región caribe, afirmando que desde el año 2012, se empezó a disminuir la inversión, hasta llegar a niveles críticos. Lo que implicó una mala calidad del servicio, deterioro de la cartera, aumento de las pérdidas de energía y deterioro de los índices de gestión, viéndose la empresa abocada a incumplir los pagos por compra de  energía, al igual que a sus proveedores. Con semejante antecedentes el gobierno justificó la intervención de la empresa por parte de la SSPPDD, decisión que en su momento no compartimos, así lo manifestamos en varios escritos sobre el tema, por la sencilla razón que los españoles terminarían declarándose en quiebra, por haber perdido todo su patrimonio y no estar interesado en invertir recursos frescos para continuar prestando un servicio que no generaba el flujo de caja necesario para financiar la inversión que se requería y que no se hizo en los años previos. Haber actuado diferente puso en peligro las finanzas del Estado, por la demanda millonaria más de US$1.600 millones, que impetró la empresa española ante el Tribunal de Arbitramento del Banco Mundial “CIADI”, lo que implico contrademandar.

Contamos con suerte que el “CIADI” decidió negar la demanda del gobierno y de los empresarios  españoles, pero ratificando el argumento de defensa de Colombia, que la decisión tomada no fue una “expropiación” sino una intervención con fines de liquidación, por lo que en su fallo obliga al gobierno colombiano a entregarle a los empresarios españoles el valor alcanzado en la venta de Electricaribe.

Por eso en uno de nuestros escritos, lo titulamos “Un empate con sabor a derrota”.

Ante estos hechos, el gobierno colombiano para poder encontrar empresarios interesados en la compra de los activos y del mercado de Electricaribe, y ante la ausencia de inversionistas extranjeros, incluyo en su Plan de Desarrollo 2018-2022”, el artículo 318, que conto con el beneplácito de toda la bancada del Departamento del Atlántico y de Bolívar, al igual que los otros parlamentarios caribeños con excepción de Aida Avella y Gustavo Petro, el cual autoriza un régimen especial tarifario para la Región Caribe. Artículo que fue reglamentado, por el Decreto 1645, de septiembre 10 de 2019, donde se contempla definir un régimen tarifario transitorio por cinco (5) años, y darle al futuro operador la posibilidad de presentar una “opción tarifaria”, y exigirle al operador la firma de un plan de gestión con la Superservicios. Después se expidió el Decreto 1231, de septiembre 11, de 2020, donde se reafirma lo de la “opción tarifaria”, vigente por cinco (5) años o hasta que se modifique por parte de la CREG. Por último se expidió la Resolución 40272, de septiembre 15 de 2020, en la cual se determina reconocer un incremento del 20%, al costo base de comercialización, y aumentar en 300 puntos, el llamado “riesgo de cartera”.

Con base a esos lineamientos, la CREG, el 30 de enero de 2020, expidió la Resolución 010, donde explica la metodología que debe seguirse para aplicar el régimen tarifario especial. Después expide la Resolución 017  y  024, de 2021, en esta última fija el régimen tarifario para las empresas Afinia y Aire. La empresa Aire, solicita a la CREG un recurso de reposición de la Resolución 024/21, la cual es admitida por la CREG, incluyendo unos activos que dejaron de contabilizarse en la Resolución 024, y expide para ello la  Resolución 078, del 24 de junio del 2021, que aplica únicamente para la empresa AIRE.

Sobre este tema, vale decir que la respuesta de la CREG a nuestro derecho de petición nos respondió que ellos no tienen en cuenta sus activos, sino los programas de inversión futuros. Mentirosos amañados con los dueños de Aire, al igual que la SSPPDD, que no controla, ni vigila a nadie, hecho demostrado con Electricaribe, a quién nunca controlaron y por eso ellos, nunca realizaron las inversiones que deberían hacer, y la consecuencia de ello, fue llevar a la empresa a la quiebra por el mal servicio prestado.

Cuando preguntamos que entendían ellos por “régimen especial tarifario” respondieron “no le es dado a la Comisión interpretar lo dispuesto en el artículo 318, de la Ley 1955 de 2019”. Las otras preguntas fueron respondidas “nos abstenemos a manifestarnos frente a sus preguntas”. Igualmente le preguntamos por los nombres de los expertos de la CREG, con su lugar de origen, y tampoco respondieron a esa pregunta. Por la sencilla razón que los antioqueños, siempre han manejado el sistema tarifario del país,  antes de la  Ley 142 de 1994, con la “Junta Nacional de Tarifas”, y actualmente tienen al Director Ejecutivo ingeniero Civil Jorge Alberto Valencia Marín, quién es el funcionario que firma el derecho de petición. Los otros  expertos son: Andrés Hernando Domínguez, ingeniero eléctrico de Pereira, Alfonso Mayelo  Cardona del valle del Cauca, Alejandro Salamanca, Andrés  González García, Andrés Vargas rojas y Angélica Ximena Leal, todos de Bogotá,  por último el santandereano Álvaro Gómez Ruíz.

Como pueden observar no hay un solo caribeño, en la CREG. Esos son cargos que poco le interesan a nuestros parlamentarios, al igual que los cargos en el DNP y en el Ministerio de Hacienda que son las entidades que de una u otra forma manejan el país. Y que en la mayoría de sus decisiones bloquean los proyectos de la Región Caribe o se niegan como si fueran jueces de la República a desconocer fallos judiciales, tal como acontece con el Ministerio de Hacienda, en el área de pensiones que desconoce el fallo de una Acción Popular y de un desacato impetrado por la Asociación de pensionados de la Universidad del Atlántico ”ASOJUA” , que buscaba rescatar una plata que el Ministerio de hacienda dejo y sigue dejando de girarle a la universidad, que suman a valor presente incluyendo sus intereses  más de $400.000 millones. Eso no le intereso al gobernador Verano en su ocho (8) de gobierno, como tampoco a nuestros parlamentarios, muchos de ellos con cuotas burocráticas en la universidad, que siguen conservando.

Es bueno aclarar que la única Región del país, y del mundo que en su tarifa tiene que pagar la energía que se roban y la cartera que dejan de pagar los usuarios, es el Caribe. Los del interior del país, solo pagan las pérdidas de energía reconocidas técnicas y negras.
 
IMPACTO DE LA DECISIÓNDE LA CREG SOBRE EL BOLSILLO DE LOS CARIBEÑOS EN SU RESOLUCIÓN 078 DEL 2021

Para entender el impacto, comparamos la tarifa aplicada en las principales entidades territoriales del país, así como la “opción tarifaria” aprobada por la CREG, en la factura del mes de septiembre 2021, del estrato cuatro (4), en pesos por kilovatio hora.

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