El 2025 será recordado como uno de los años más turbulentos para la Universidad del Atlántico, una institución que venía mostrando avances en estabilidad administrativa y orden institucional, pero que terminó envuelta en una profunda crisis tras el cambio de rectoría.
La transición en el liderazgo no solo frenó la senda de mejoría alcanzada en años recientes, sino que desató un escenario de inestabilidad jurídica, protestas estudiantiles, paros académicos e intervención del Gobierno nacional, afectando de manera directa el normal funcionamiento de la universidad.
Una elección que dividió a la universidad
La crisis comenzó a gestarse en julio, cuando el Consejo Superior Universitario aprobó el calendario electoral para escoger rector del periodo 2025–2029. El proceso arrancó con 19 aspirantes y se redujo a cinco tras la consulta interna del 2 de octubre, en la que participaron estudiantes y docentes.
Danilo Hernández, quien buscaba la reelección, fue el más votado en dicha consulta. Sin embargo, el resultado no fue vinculante y el proceso continuó en medio de una creciente confrontación entre campañas, sectores políticos y actores externos interesados en el control de la institución.
La disputa trascendió lo académico y se convirtió en un pulso de poder que terminó fracturando a la comunidad universitaria.
Una designación bajo sospecha
El 27 de octubre, cinco de los nueve miembros del Consejo Superior designaron como rector a Leyton Barrios, pese a las advertencias del Ministerio de Educación y a las dudas sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.
En particular, se cuestionó la validez de certificaciones que acreditaban experiencia docente mínima, requisito indispensable para aspirar a la rectoría. Estas dudas escalaron rápidamente y dieron paso a protestas, daños a la infraestructura y a la declaración de paro indefinido por parte de varias facultades a finales de octubre.
El deterioro del orden público dentro del campus llevó al Ministerio de Educación Nacional a anunciar medidas de inspección, vigilancia y control.
Intervención y giro en la rectoría
El 24 de noviembre, el Consejo Superior abrió una actuación administrativa para revisar la designación de Barrios. Días después, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, informó que una universidad extranjera había confirmado la falsedad de una certificación clave, lo que llevó a solicitar la nulidad del nombramiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Finalmente, el 13 de diciembre, el Ministerio de Educación decidió separar a Leyton Barrios del cargo por un año prorrogable, argumentando el incumplimiento de órdenes orientadas a corregir presuntas irregularidades administrativas y de gobernanza.
Cinco días después, el MEN designó a Rafael Castillo como rector encargado, con la misión de restablecer la normalidad institucional y garantizar la continuidad del servicio educativo.
Regreso parcial a la normalidad
Con la llegada de Castillo, la universidad logró retomar actividades clave, destrabar procesos académicos y realizar grados que habían quedado suspendidos durante el paro. Aunque persisten tensiones, actualmente la institución opera con relativa normalidad mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales.
No obstante, el nombramiento del rector encargado también generó controversia, debido a una sanción disciplinaria previa impuesta por la Procuraduría cuando Castillo fue rector en el pasado, situación que aún genera cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria.
Procesos abiertos y versiones encontradas
La defensa de Leyton Barrios sostiene que su elección fue legal y que las decisiones posteriores obedecen a intereses externos por controlar la universidad. Según su abogado, los procesos administrativos y penales continúan y podrían derivar en una millonaria indemnización contra el Estado en el futuro.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene su intervención y defiende sus actuaciones como necesarias para proteger los derechos de estudiantes, docentes y trabajadores.
Recursos y futuro inmediato
En medio de la crisis, el Gobierno nacional anunció más de $8.000 millones en recursos para la Universidad del Atlántico, destinados a programas de gratuidad, bienestar estudiantil y obras de infraestructura, incluyendo el edificio de Bellas Artes y la sede de Soledad.
El 2025 cerró así con una universidad golpeada institucionalmente, pero con la expectativa de que las decisiones judiciales y administrativas de 2026 permitan definir un rumbo claro.
Para la comunidad académica, el desafío ahora es recuperar la confianza, blindar la autonomía universitaria y evitar que la política vuelva a imponerse sobre el proyecto educativo.
