La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adjudicó un polémico contrato por más de $53 mil millones a la Unión Temporal UT Food Pro para la alimentación de reclusos en Cali, pese a múltiples advertencias sobre presuntas irregularidades, incluidas falsificación de documentos, una planta sin operar y cuestionamientos técnicos.
La adjudicación, realizada el pasado 28 de abril, ha desatado una tormenta de denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Esta última, incluso, solicitó suspender el proceso por las inconsistencias detectadas, pero fue ignorada por la Uspec, que siguió adelante con la firma del contrato.
Uno de los puntos más graves recae sobre la planta de producción presentada como requisito habilitante. Según denuncias verificadas por autoridades locales, el inmueble en Santa Elena no tiene servicios públicos activos, carece de licencia de uso de suelo industrial, ni posee matrícula mercantil, lo que sugiere que no estaba operativa al momento de presentar la propuesta.
A esto se suma que la empresa habría presentado certificaciones de experiencia cuestionables, como el suministro de refrigerios nocturnos durante periodos en que ese servicio no se prestaba en los centros penitenciarios, según registros internos de la Uspec.
Otro hallazgo técnico grave indica que la propuesta económica no cumplió con las normas de seguridad digital, al no enviarse en formato encriptado, una condición obligatoria para garantizar la integridad del proceso.
Pese a todo, la Uspec formalizó el contrato con UT Food Pro, ignorando también una solicitud de revocatoria directa presentada por uno de los oferentes en la plataforma Secop II. Hasta ahora, la entidad no ha emitido ningún pronunciamiento oficial.
El caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre la falta de transparencia en los contratos de alimentación carcelaria, y se espera que los organismos de control actúen con celeridad frente a lo que podría configurarse como una grave irregularidad administrativa y contractual.
