En una carta enviada al alto tribunal, las víctimas solicitan que la fiscal general certifique si participó o no en la negativa del principio de oportunidad para Sandra Ortiz, y aseguran tener pruebas que contradicen su versión oficial.
Una solicitud que llegó a la Corte Suprema de Justicia pone el foco en un punto que llama poderosamente la atención en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se trata de la extraña negativa de la fiscal general Luz Adriana Camargo para negociar con quienes están entregando información y evidencias que permitirían dilucidar la trama de corrupción que, desde la Casa de Nariño, habría logrado penetrar el Congreso.
La petición la hizo Pablo Bustos, de la Red de Veedurías de Colombia Red-Ver y la comunidad Pororu de La Guajira, que se acredita como víctima en ese proceso. En el documento, las organizaciones le solicitan formalmente a la Corte Suprema que emita una orden que tenga como objetivo certificar si es verdad una afirmación de la fiscal Camargo. La funcionaria aseguró que ella no ha intervenido en la negativa del principio de oportunidad a la exconsejera Sandra Ortiz.
“Es conocido que la señora Sandra Ortiz está vinculada al macrocaso de corrupción de la UNGRD. Por ello fue imputada y se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La señora Ortiz entró a un proceso de negociación con la Fiscalía para llegar a un principio de oportunidad”, comienza la misiva.
Sobre la negación de ese principio, el documento asegura que no se les “permitió a las víctimas conocer si es que la información que se quería aportar podía servir para los otros casos que se investigan, inclusive a aforados que están en la cárcel en este momento, como Iván Name y Andrés Calle”.
La misiva presenta una conclusión: “La actitud de la fiscal general, al no aceptar el principio de oportunidad de la señora Sandra Ortiz, junto al hecho que fue inactiva para impulsar procesalmente el caso contra Carlos Ramón González, que su elección como fiscal general está cuestionada, ser ternada por el presidente de la República, quien ahora la defiende ante la posibilidad de que el Consejo de Estado declare la nulidad de su elección y la protección del presidente hacía Vladimir Fernández, persona de quien también tiene información la señora Sandra Ortiz, demuestran el interés de la señora fiscal general para no aprobar el principio de oportunidad y su querer de ocultar la verdad”.
La exconsejera para las regiones, que es señalada de ser la “mensajera” de la plata que Olmedo López y Sneyder Pinilla desviaron de la UNGRD para el presidente del Senado Iván Name, se ha quejado del trato que ha recibido en el búnker. Hace unos días, Ortiz tocó la puerta de la Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado Francisco Farfán lleva la investigación contra el expresidente del Senado Iván Name y contra el expresidente de la Cámara Andrés Calle.
La exfuncionaria le planteó al magistrado que quería ser escuchada allí. La alta corte lleva el proceso de los congresistas, dado que son aforados, pero el de ella tiene su trámite en la justicia ordinaria. Ortiz se encuentra en este momento recluida en la estación de Policía de Carabineros de la ciudad de Bogotá. En una carta, la exconsejera asegura que quiere buscar esa vía dado que estuvo “presta a colaborar con la justicia a través de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que el día de hoy me ha cerrado las puertas”.
La Fiscalía justificó su rechazo al principio de oportunidad, argumentando que la información proporcionada por Ortiz era “confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas”. Se reveló asimismo en una reciente edición cómo, contrario a esa tesis, Ortiz sí tiene nutrida información y evidencias para vincular al proceso otras aristas y otros personajes. Así como para sustentar lo que se ha conocido sobre quienes hoy están siendo investigados.
Se revelan los chats en los que se evidencia que hubo una operación desde el Gobierno, de la que ella hizo parte, para garantizar que Vladimir Fernández, el secretario jurídico de Petro, llegara a la Corte Constitucional.
En una entrevista con el director de este medio, Yesid Lancheros, Ortiz aseguró que “desconfía” de Luz Adriana Camargo, a quien acusó de tener un “interés” en proteger a alguien e impedir que se conozca la verdad.
“No siento garantías hoy con la señora fiscal Camargo”, aseguró. Incluso dijo públicamente que quería “pedir un fiscal ad hoc, ir a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y entregar la misma información que construimos con la Fiscalía para que allí corroboren las pruebas que aportamos”, como efectivamente hizo.
“Siento que ella sí quiere proteger a alguien. Y sí, se filtraron las pruebas. Ustedes las publicaron, son muy contundentes, es un material probatorio importante. Quiero que le digan al país si mi abogado o si yo, Sandra Ortiz, le filtramos esas pruebas”, remató.
La fiscal Camargo ha dicho que todas las decisiones que se han tomado en el caso han sido de manera independiente por los fiscales a cargo. Pero la solicitud a la Corte es que la alta funcionaria demuestre que esa afirmación es cierta. Lo mismo le solicitan a las fiscales que llevan el caso para que cuenten, bajo la gravedad de juramento, si la decisión del principio de oportunidad pasó por las manos de su jefe, la fiscal general. Las organizaciones piden esa certificación, pues aseguran que tienen evidencia “de que la negativa de aprobar el principio de oportunidad fue de la fiscal general de la nación”.
