La violencia desbordó la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, este jueves 16 de enero, cuando un enfrentamiento armado entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las antiguas Farc dejó un saldo trágico: al menos cuatro firmantes del acuerdo de paz muertos.
Según información de la ONG especializada Indepaz, los cuatro firmantes de paz asesinados este jueves fueron Pedro Rodríguez Mejía, Jhon Carlos Carvajalino, Albeiro Díaz Franco y Yurgen Martínez Delgado. Los crímenes ocurrieron en veredas y corregimientos de los municipios de El Tarra, Convención y Teorama.
La Misión de la ONU en Colombia había informado inicialmente sobre cinco víctimas, pero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) precisó que fueron cuatro los excombatientes asesinados, quienes al parecer fueron “sacados de sus viviendas y ejecutados” por los combatientes del ELN. Las víctimas, quienes formaban parte del proceso de reincorporación, fueron asesinadas en medio de la creciente violencia que afecta al Catatumbo, zona estratégica para los grupos armados ilegales debido a su proximidad con Venezuela.
Los enfrentamientos continúan en la región, y las autoridades locales alertan sobre el confinamiento de miles de habitantes en varios municipios, que se han visto atrapados en medio del fuego cruzado. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a la población civil, incluidos los docentes, quienes, en imágenes dramáticas, fueron vistos huyendo en motocicletas de los combates. Más de 50 profesores de la zona escaparon de los enfrentamientos en Teorama, en un claro ejemplo de la gravedad de la situación de orden público.
Los alcaldes de los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, que comprenden el Catatumbo, han solicitado al Gobierno Nacional la creación urgente de un corredor humanitario para evacuar a los heridos y permitir la entrada de ayuda médica y alimentos. Además, pidieron garantizar la atención integral a las víctimas del conflicto y la ejecución de proyectos de desarrollo territorial que puedan estabilizar la región.
Los alcaldes también instaron a las delegaciones de paz a que se logre un acuerdo para reducir la intensidad del conflicto entre el ELN y las disidencias, excluyendo a la población civil de la violencia. Ante la situación, el llamado es claro: el Gobierno debe intervenir de manera inmediata para evitar más muertes y desplazamientos forzados.
