La sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que en el momento del nombramiento de Muñoz se violó la ley de cuotas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Víctor Muñoz como director del Departamento de la Presidencia de la República, por violación a la ley de cuotas.
De acuerdo con el organismo judicial, cuando se produjo el nombramiento de Muñoz, de los seis departamentos administrativos con los que cuenta el Gobierno, solo uno estaba en manos de una mujer y, para cumplir con la ley de cuotas, debían ser por lo menos dos.
La ley Ley 581 de 2000 exige que en todos los niveles del ejecutivo por lo menos el 30% de los cargos sean ocupados por mujeres.
“Para cumplir con la ley de cuotas del 30% en los cargos del máximo nivel decisorio, de los 6 departamentos administrativos como mínimo 2 debían estar a cargo de mujeres. Sin embargo, ello no fue así dado que, a la fecha de expedición del acto administrativo demandado y de presentación de la demanda, solo uno (1) de ellos estaba ocupado por una mujer, incumpliéndose así con los mínimos exigidos por el artículo 4.° de la Ley 581 de 2000”, determinó el Tribunal.
Es una situación similar a la que ocurrió con el ministro de Defensa, Diego Molano, cuyo nombramiento fue declarado nulo, pero, dado que la decisión fue apelada por el Gobierno, Molano se mantiene en el cargo.
Dentro del proceso, el Gobierno contestó que debía tenerse en cuenta que la jefe de gabinete, María Paula Correa, es una mujer, pero el Tribunal precisó que su cargo, pese a ser muy importante dentro de la estructura administrativa de la Presidencia, técnicamente no puede ser equiparado al de un director de departamento.
El Tribunal instó al presidente para que en sus nombramientos cumpla con la cuota mínima del 30% de participación de la mujer. Hoy en día, de los seis departamentos administrativos solo uno sigue siendo ocupado por una mujer.
A través de su cuenta de Twitter, Muñoz manifestó que esperará la notificación correspondiente y, una vez conozca el contenido integral de la decisión, apelará ante el Consejo de Estado.
“Como servidor público y ciudadano respeto las decisiones de la justicia y acataré la decisión final que resulte de este proceso, siempre con el convencimiento de haber actuado íntegramente y conforme lo ordena la Constitución y la ley”, afirmó.
