Tras 34 años de uso del basurero Doña Juana, los habitantes de Mochuelo Alto piden al Distrito encontrar una alternativa distinta a la practicada de enterrar las basuras, ya que la comunidad lucha por no vivir en medio de malos olores y enfermedades.
Frente a esto, el operador del relleno sanitario Doña Juana tiene un nuevo capítulo luego de conocerse el anuncio esta mañana por parte de la alcaldesa Claudia López, refiriendose a una demanda del Distrito contra la concesión.
La administración de Claudia López propone la creación de un parque de innovación tecnológico para cambiar el modelo de gestión de los residuos sólidos.
“Ya deberían cerrar ese ciclo, tras de eso se mueve mucho dinero y la verdad lo que ellos les importa es ganar dinero, más no lo que afecta a las veredas”, dijo Gina Paola Cárdenas, habitante del sector.
¿En qué consiste la demandad?
La alcaldesa Claudia López sostiene que se da ya que al parecer el operador del relleno no ha cumplido con todos los factores del tratamiento de lixiviados, pero sí estaría cobrando por ese servicio y los parámetros de cumplimiento del tratamiento, nunca han sido superiores al 58% y hoy existe un incumplimiento del 42%.
Cabe mencionar que esta fue una de las órdenes en un primer tribunal de arbitramento en 2018. La CGR fue sancionado y obligado a pagar $2.172 millones a la UAESP y realizar una serie de inversiones por el orden de los $150.000 millones, dentro del cual debía construir la planta de tratamiento de lixiviados.
“CGR no ha realizado la optimización del STL y tampoco ha efectuado los aportes adicionales para este propósito, lo que ha generado, además de un incumplimiento del contrato, que se realicen vertimientos al río Tunjuelo que no cumplen con las condiciones y parámetros ambientales exigidas en las normas técnicas, arrojando lixiviados sin el debido tratamiento al río“, reza uno de los apartes del documento que la Alcladía presentará ante la Fiscaslía General.
“Como consecuencia de esta situación se han impuesto multas por parte Agencia Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) y una, en el año 2021, por la Superintendencia de Servicios Públicos“, agrega el documento.
La madataria de los bogotanos indicó que a pesar que hay un tribunal de arbitramento que les impide adelantar un proceso sancionatorio por imcumplimientos, el Distrito está tomando tres acciones.
- Una es la denuncia penal antes la Fiscalía.
- Dos, una solicitud ante la Cámara de Comercio para que las decisiones a futuro del tribunal arbitramento “se rijan a derecho y sean tribunales imparciales e independientes“.
- Tres, acudir al Gobierno nacional, que es la autoridad en política pública en el manejo de residuos sólidos, para que en el marco de sus competencias apoye a la alcaldía a enfrentar esta situación y a garantizar que no haya más abusos por parte de CGR.
“Esas medidas específicas se las planteé al presidente electo quien conoce muy bien la situación y me manifestó que apoyará a la alcaldía en esta batalla jurídica para garantizar que no haya ni corrupción ni abuso. Mientras el contrato de concesión esté vigente, debemos respetarlo. No podemos desconocerlo, pese a que hay incumplimiento”, reiteró la mandataria durante una rueda de prensa.
Ya el Distrito enfrenta una billonaria demanda del operador Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) ante un tribunal de arbitramento porque culpa al Distrito de no haber podido contar con los recursos suficientes, vía tarifa, para adelantar las actividades que le ordenó el laudo arbitral de 2018. Por eso pretende ahora que la ciudad le pague cerca de un billón de pesos en un nuevo tribunal de arbitramento.
De igual manera, presentó un memorial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por un posible desacato a la sentencia del río Bogotá con el decreto 555 de 2021 mediante el cual se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Reverdecer a Bogotá 2022 – 2035, que se encuentra suspendido provisionalmente desde el pasado 14 de junio por orden de Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Bogotá.
Con dicho recurso el operador busca que se suspenda de manera provisional el artículo 192 de la norma, que establece, entre otras cosas, que el predio Doña Juana, que cubre un área de 695 hectáreas, dentro de las cuales está el terreno de 77 hectáreas entregado en 2010 en concesión para la disposición de basuras mediante el modelo de relleno sanitario (enterramiento en celdas) y el tratamiento de lixiviados, se convierte en un parque de innovación, en el que se da apertura a otras tecnologías para el manejo de los residuos sólidos.
El artículo hace, además, una distribución de las zonas para esas diferentes actividades y fija una área llamada “polígono de interés”, ubicado cerca de donde hoy se realiza la disposición de residuos sólidos.
