Esto, ante la adjudicación de megaproyecto.
Según la Justicia Especial para la Paz, entre 1991 y 2015 se presentaron más de 9.000 desapariciones forzadas en el Canal del Dique.
En el Canal del Dique se va a adelantar un megaproyecto para restaurar los ecosistemas degradados, el contrato lo adjudicará la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
En los últimos días, se levantó una polémica, pues se dijo que el gobierno de Iván Duque lo dejaría listo antes de terminar su mandato, pero el proyecto se cuestionó desde varios sectores por un supuesto impacto ambiental. La estructura busca controlar las inundaciones que se presentan en algunas poblaciones ribereñas del sur del Caribe.
Sin embargo, la JEP encontró que en el Canal del Dique se presentaron cerca de 9.638 desapariciones forzadas, entre los años 1991 y 2015, por lo que desde hace un tiempo ordenó su protección tras una solicitud de las víctimas que aún buscan a sus familiares desaparecidos durante el conflicto.
En el mismo sentido, recientemente se elevó una solicitud de la Ruta del Cimarronaje para que la Justicia Especial para la Paz diera orden a la ANI adoptar un protocolo que pudiera garantizar la recuperación de los cuerpos, con el fin de que los derechos de las víctimas no se vieran afectados por el megaproyecto.
“La Jurisdicción se debe a las víctimas del conflicto armado. En este caso particular, aquellas que puedan reposar en las aguas y sedimentos del Canal del Dique. Es menester responder de manera clara a la comprensible preocupación por el riesgo que puedan correr los lugares en los que se presume podrían estar los cuerpos de familiares y seres queridos de las comunidades aledañas al Canal. Existe una necesidad de aliviar el dolor de las víctimas y las organizaciones que las representan“, se leyó en la decisión.
Es por esto que ordenaron a la ANI, como entidad estatal encargada de adjudicar el contrato, que el contratista del proyecto cumpla con un protocolo para la búsqueda, hallazgo, exhumación, tratamiento y entrega digna de cuerpos de personas desaparecidas.
Por su parte, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP negó la solicitud de suspender el proceso de licitación del proyecto, al considerar que esta decisión la debe tomar un juez.
