La elección para magistrados del Consejo Nacional Electoral fue suspendida el martes pasado sin que hubiese suficiente explicación en las razones. De acuerdo con varias fuentes del Congreso, esa suspensión tendría que ver con que una secretaria de una Comisión Accidental no se habría posesionado en firme y sin su documento de posesión viciaría el proceso.
Sin embargo, podría haber otras razones. Tal como ha venido revelando La FM, en el proceso para elegir magistrados hay intereses de altos funcionarios del Estado. Por lo menos tres congresistas aseguraron que el registrador nacional, Alexander Vega, habría estado interfiriendo en el proceso.
Los magistrados del CNE son quienes definen y concluyen las investigaciones en todos los temas electorales, incluyendo a los partidos y también podrían iniciar indagaciones sobre conductas de la Registraduría si estas son denunciadas.
Los partidos eligen sus candidatos de acuerdo con el número de curules que tengan en el Congreso y los llevan a la plenaria para la votación. Son magistrados de una entidad que tiene funciones administrativas, pero su origen es completamente político. En el Partido Liberal hay tres candidatos y una guerra alrededor de esos nombres. Benjamín Ortiz y Altus Baquero fueron los más votados por los liberales. Pero el nombre de Harry González, quien sacó solo 7 votos, también ha estado en la controversia.
La FM conoció que uno de los candidatos, Altus Baquero, secretario general de la Defensoría y quien ha dicho ante los medios que el registrador Vega quiere sacarlo de la competencia, firmó un contrato en la Defensoría con una persona que después le entregó certificaciones laborales a través de la misma empresa con la que contrató, y que fueron registradas en su hoja de vida ante el Congreso para la elección.
“Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se elaboraron y suscribieron los estudios y documentos previos que soportan la presente contratación, por parte del doctor ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA, Secretario General de la Defensoría del Pueblo”, dice el documento.
El contrato está firmado entre la Defensoría y Mónica Andrea Lozano Torres, como representante legal de la empresa Fortaleza Legal S.A.S. (FORLEG) El valor es de 138 millones durante 2022 para un pago de 12 millones al mes.
El objeto del contrato, como lo dice el documento, es la gestión contractual.
“El contratista se obliga con la Defensoría del Pueblo a prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión contractual de la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo, mediante asesoría, acompañamiento y revisión jurídica de los actos que deba sustanciar, tramitar y/o proferir el ordenador del gasto de la entidad”.
La primera certificación de experiencia laboral es del 01 de marzo de 2017 al 06 de septiembre de 2020 en la dependencia jurídica como abogado asesor. Quien certifica es la empresa Fortaleza Legal Forleg. Luego aparece otra certificación un poco más efímera: del 16 de marzo de 2016, al 05 de septiembre de 2016 en la misma dependencia. Y, finalmente, del 12 de septiembre de 2015 al 06 de enero de 2016 en el mismo cargo.
Esto quiere decir que Baquero estuvo trabajando como asesor de Forleg esporádicamente desde el 2015 hasta el 2020 en donde acumuló varias semanas de experiencia, que sumaron en su hoja de vida para postularse como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Este año contrató con recursos públicos a la misma empresa con la que habría trabajado antes.
