Con el propósito de subsanar el déficit fiscal de los subsidios del servicio de energía que reciben los hogares de los estratos 1 y 2, los senadores Mauricio Gómez Amín y José David Name radicaron una Proposición para ser estudiada en la reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional, de aumentar el porcentaje de las transferencias eléctricas de las hidroeléctricas progresivamente, de acuerdo a su capacidad instalada. En tal aspecto, se plantea que el aumento quede de la siguiente manera:
Este incremento no se podrá trasladarse al usuario final vía tarifa. Se pretende hacer
que las hidroeléctricas con gran capacidad y abultados recursos ayuden de mayor manera a la financiación de subsidios eléctricos. Para ello, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizará la debida inspección y vigilancia de
acuerdo a sus competencias.
El recaudo de mayor valor se realizará a través del Centro Nacional de Despacho y será girado al Tesoro nacional dentro de los 15 días siguientes a su recaudo.
Adicionalmente, se busca que, a lo largo de los primeros diez años, estos recursos sean destinados a las regiones donde los usuarios residenciales de estratos 1 y 2
sean mayores al 60% de la población y tengan mayor concentración de áreas
especiales conforme a lo establecido en el Decreto 111 de 2012. Los parámetros
de distribución serán los establecidos en el precitado decreto.
Esto, teniendo en cuenta que si bien el Proyecto de Ley que adopta la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social de Colombia, el mismo debe contribuir
a ser garante de que las familias de estos estratos en el país puedan respirar mejor
económicamente, de tal manera que los subsidios permitan seguirle proporcionando una mejor calidad de vida económica frente al pago de los servicios de energía.
Para ambos parlamentarios resulta inconcebible que estas hidroeléctricas estén haciendo uso de un recurso natural, el agua, que no tiene un valor comercial, como si lo tienen el gas, carbón o gasolina que usan las termoeléctricas y se encuentran
inermes ante el aumento exagerado de las tarifas del servicio de energía.
Desde luego que esto permitiría ayudar a seguir subsidiando de una mejor manera a muchísimas familias del país, en las que habitan padres y madres de familia que
sobreviven con lo que ganan en el día a día y que además pagan arriendo, pero que muchas veces no les alcance el dinero para pagarles a sus hijos el colegio, la alimentación, los útiles escolares y el transporte, justamente por tener que cargar
mensualmente con esta presión económica sobre una tarifa desmesurada en el
servicio de energía.
Esto es tan solo un ejemplo de la desigualdad social que se produce en la región caribe, dado que muchos padres quedan a merced de dos caminos, sobre los cuales
deben tomar uno: o priorizar la educación de sus hijos o pagar el recibo de la luz,
por miedo o temor a que la empresa prestadora del mismo se los suspenda.
