Emilio Tapia fue condenado a 17 años de cárcel por el llamado carrusel de la contratación de Bogotá pero logró una rebaja sustancial de la pena por colaboración con la justicia tras aceptar su responsabilidad en los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Tapia salió de la cárcel, con libertad condicional, en diciembre de 2018 pero fue recapturado en septiembre del año pasado tras estallar el escándalo de Centros Poblados, investigado y revelado por la W Radio.
Hace apenas unas semanas, el nombre de Emilio Tapia volvió a sonar. Esta vez relacionado en las contrataciones cuestionadas de las Empresas Municipales de Cali (Emcali). Específicamente por su vinculación con dos contratos para una planta de tratamiento de aguas en Puerto Mallarino, también licitadas con garantías falsas. Los contratos suman más de 6.000 millones de pesos.
Desde la cárcel El Bosque, en Barranquilla, Tapia emitió un comunicado, mencionando lo siguiente: “fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, precisamente, por el suscrito ciudadano en su primera declaración, una vez vinculado dentro de la investigación iniciada por la celebración de contratos entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados”.
Mientras los medios comentaban el comunicado de Tapia, otro documento de su autoría estaba llegando a la Fiscalía General de la Nación.
Según lo reveló el periodista Daniel Coronell, Tapia denuncia penalmente a la exministra Karen Abudinen como presunta autora de varios delitos.
La entonces ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones habría incurrido en esos delitos cuando aprobó la garantía bancaria del contrato de Centros Poblados admitiendo la veracidad, autenticidad, legalidad y vigencia de esas garantías sin cumplir, según él, con la obligación de revisarlas.
Para tener claro el contexto del asunto, el Ministerio de las TIC se vino a dar cuenta de que las garantías eran falsas cuando los contratistas incumplieron compromisos de la primera fase. Por eso los citaron a una audiencia de descargos junto con los funcionarios del Banco Itaú Corpobanca, que presuntamente avalaba el contrato.
Tapia afirma que por las decisiones de la ministra Abudinen, la Unión Temporal no pudo ceder el contrato a dos interesados internacionales que lo podían haber cumplido en su totalidad y sin que se perdieran dineros públicos como efectivamente se perdieron. Y dice que la entonces ministra declaró ilegalmente la caducidad del contrato.
La exministra y algunos de sus abogados, sostienen que la falta de garantías hacía inejecutable el contrato. Y que un contrato que no se puede ejecutar tampoco se pude ceder legalmente. Aseguran que la única alternativa jurídica era declararle la caducidad como lo hizo la ministra Karen Abudinen.
Los delitos que le endilga Tapia a la exministra Karen Abudinen tienen previstas penas de 6 a 15 años de cárcel.
