El presidente Gustavo Petro, sancionará una reforma tributaria con la que espera recaudar 4.000 millones de dólares anuales entre 2023 y 2026, y recuperar así las finanzas del país.
«Dichos recursos se destinarán, en su mayoría, al gasto social, lo que se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas», adelantó la Presidencia en un comunicado.
La ley contempla que pagarán más impuesto de renta quienes tengan ingresos mayores a 13 millones de pesos.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda, más de dos terceras partes del recaudo adicional de este impuesto provienen de los contribuyentes con ingresos mensuales superiores a 20 millones de pesos.
La normativa también establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo, y no se podrán deducir de los impuestos de renta de las compañías de ambos sectores los montos de las regalías.
El texto estipula el cese de la reducción de algunos beneficios tributarios específicos para ciertos sectores y regiones, y serán depurados los no estratégicos para destinarlos a prioridades de política pública en los territorios.
Entre tanto, los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados entrarán en vigencia en noviembre del próximo año, periodo para el cual ya se espera una baja de la inflación, y solo aplicará a los productores con ingresos mayores a 419 millones de pesos anuales.
Con lo anterior, puntualiza el Gobierno, se evita gravar a microempresas productoras de estos bienes, con gran impacto en la economía popular, como las panaderías de barrio. Se excluyeron de este impuesto, además, alimentos con una participación importante en la canasta familiar, como el pan y las bebidas lácteas.
En cuanto a los tributos ambientales, se establecieron gravámenes al carbono y los plásticos de un solo uso.
La Reforma Tributaria reduce los montos, a partir de los cuales la evasión se vuelve un delito, es decir que serán sancionadas las personas naturales o jurídicas que ahora tengan ingresos sin reportar superiores a 1.000 millones de pesos en activos o pasivos.
Además, la norma establece que las condiciones para la prescripción penal de la evasión se vuelven más restrictivas.
Así mismo, en zonas francas habrá impuesto ponderado: 20% para ventas al exterior y 35% para el mercado interno.
Se exceptuarán productos energéticos que se vendan al mercado interno, como las zonas francas costa afuera de gas, la refinación de petróleo y la producción de biocombustibles.
