El pasado viernes 9 de junio, al frente de su hogar que habitaba con su esposa y dos hijos pequeños, se reportó la muerte violenta del Teniente Coronel de la Policía, Óscar Darío Dávila Torres, quien se desempeñaba como coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia de la República.
El uniformado era uno de los indagados, precisamente, en virtud de las funciones que desempeñaba en la Presidencia, por el escándalo que se suscitó tras conocerse que a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, sin ser funcionaria pública, había sido sometida a una prueba de polígrafo.
El oficial era el jefe de la Sala de Anticipación, ubicada extrañamente en el piso 13 del edificio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y cuya misión es la seguridad del primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro.
El escándalo puso la lupa del ente investigador sobre los policías que cumplen funciones en la Presidencia, entre ellos el teniente coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar y quien fungió como jefe de seguridad del mandatario Gustavo Petro cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá y por supuesto del Coronel Dávila.
El pasado 2 de junio y tras el anuncio del fiscal general Francisco Barbosa de que en el país habían regresado las interceptaciones ilegales o denominadas chuzadas y en la que relató que a las dos empleadas de Laura Sarabia, Marelbys Meza y Fabiola Perea las interceptaron por fuera de la ley vinculándolas como cercanas a Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias ‘Siopas’, segundo cabecilla del Clan del Golfo, el coronel Dávila le remitió una comunicación al fiscal solicitándole se le informara cuál era su condición respecto a esa investigación y solicitando ser escuchado.
“Informo a usted mi absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador que se me indique, a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento socializados en los últimos días a través de los medios de comunicación y que involucraron altos funcionarios de la Presidencia de la República”, indicó el coronel Dávila.
Cinco días después, el teniente coronel Dávila recibió a los funcionarios del CTI que realizaron una diligencia de inspección en el piso 13 de la Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian, y dos días después murió en circunstancias y motivos que están por establecer tanto por la justicia como por las ciencias forenses.
Su deceso trajo no solo un profundo dolor para su familia, sino también una encrucijada para su esposa y madre de sus dos hijos, una odontóloga de 40 años de edad, oriunda de Bogotá y contratista de la Policía, la institución a la que por más de 24 años el oficial literalmente entregó su vida.
Según su hoja de vida, en poder de esta Agencia, entre 2007 y 2013 laboró como odontóloga particular en un consultorio al norte de Bogotá. Luego, entre 2016 y 2017, en la Fundación Avanzar en Bucaramanga, y una vez más en 2021 en un consultorio particular en la capital.
Pero desde el 6 de abril de 2022 se vinculó como contratista de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para ejercer como odontóloga general, por unos modestos honorarios de $1.3 millones. En noviembre de ese mismo año, suscribió otro por un valor similar, y apenas este 16 de mayo, un tercero por siete meses, es decir, la viuda del oficial, por cuenta del contrato suscrito, queda bajo la lupa de la institución policial.
Esto en el contexto del contrapunteo de la Policía con la Fiscalía por las declaraciones de su director el general William Salamanca y el fiscal Francisco Barbosa, en cuanto a la legalidad de la prueba de polígrafo y las interceptaciones realizadas a las empleadas de Laura Sarabia.
Con otro no menos significativo en cuanto a los móviles económicos de la muerte de Dávila. El oficial apenas el 26 de diciembre de 2016 había adquirido un apartamento de 39 metros cuadrados en el tercer piso de un edificio en Villavicencio, que compró con el subsidio de la Caja Promotora de Vivienda Militar y que constituyó además como vivienda familiar.
Asimismo, en 2020 adquirió, junto con un familiar, el 50% de un inmueble de 46.90 metros cuadrados, también en Villavicencio.
Con esos bienes, sus ingresos propios y, en promedio, una pensión a la que ya tenía derecho el oficial de al menos $7.1 millones mensuales, deberá terminar la formación académica de sus dos hijos pequeños, así como su manutención.
Las razones de la muerte violenta del oficial, las establecerá la justicia y las ciencias forenses. Por lo pronto, quedan muchas piezas del rompecabezas judicial que no parecen encajar según oficiales de la institución y allegados a la familia consultados.
De hecho, a la orden de interceptación legal en contra de ese sujeto, se incluyeron ilegalmente a la exniñera Marelbys Meza y a la empleada por días, Fabiola Perea a quienes le hicieron creer a un fiscal que se trataban de alias ‘la Niñera’ y alias ‘la Madrina’, respectivamente.
Otro de los puntos que no los convence en la historia es que el oficial hubiera ordenado a su conductor y escolta ir a comprar una botella de agua, justo estando frente a su domicilio.
Tampoco entienden el porqué el conductor incumplió el reglamento de manejo de armamento de la Policía Nacional, que indica que el arma de dotación siempre se debe llevar consigo y jamás se puede perder de vista.
Para los compañeros de Dávila, es inexplicable que el escolta, si fue cierta la orden que le impartió el coronel de comprar una botella de agua, no hubiera sospechado el porqué si estaba justo al frente de su hogar.
Aseguraron que es posible que un arma 9 mm, cuando se dispara a corta distancia, pueda impactar en otro punto. Sin embargo, llaman la atención del por qué se dice que hay certeza del suicidio sin conocer el informe de necropsia, la prueba de absorción atómica y el tatuaje.
En la prueba de absorción atómica se determina los residuos químicos del disparo. Es decir, cuando se dispara un arma de fuego se generan residuos de pólvora, nitritos y nitratos, restos de plomo, cobre del detonador de la carga iniciadora como bario y antimonio. Estos particulares quedan difuminados en la persona que percutó el arma.
Otra de las pruebas cuyo resultado se desconoce son las balísticas forenses, puntualmente el tatuaje, es decir, la incrustación de estas mismas partículas de pólvora en la piel que circunda la herida generada por el proyectil, esta se presenta en disparos a corta distancia y es ese halo oscuro que circunda la herida.
