La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, indicó que la ley que establece la obligación de los Centros de Diagnóstico Automotor -CDA- de tomar una póliza de seguro para amparar los daños a terceros por cada vehículo al que le realicen la revisión técnico – mecánica (2283 de 2023 art. 6) se ajusta a la Carta Política.
En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público señaló que la norma es adecuada para amparar a los ciudadanos afectados por siniestros viales, así como garantizarles el pago de una indemnización, pues está orientada a lograr el “mayor grado de prevención posible frente a daños a la integridad física, salud, patrimonio y bienes”.
Precisó que la ley demandada persigue un propósito que no está prohibido por nuestra Constitución, por el contrario, se adecúa a varias de sus disposiciones que hablan de la solidaridad ante situaciones de peligro para la vida o la salud, “así como del control de los servicios prestados a la comunidad para garantizar la seguridad y el interés social”.
Finalmente, sostuvo que el trámite de la norma en el Congreso de la República se cumplió adecuadamente, y su redacción no desconoció el principio de unidad de materia, pues hay relación entre el objeto planteado y el artículo demandado.
