La salida masiva de personal de Colpensiones y la renuncia de algunos directivos, a solicitud del presidente Jaime Dussán, llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación que inició vigilancia preventiva sobre el proceso de desvinculación que se está dando en la entidad.
Tan solo en seis meses, según informaciones difundidas por medios de comunicación, de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- salieron, por lo menos, 110 personas por las que ahora Dussán tendrá que dar explicaciones sobre las razones de la terminación de esos contratos.
Dentro de los requerimientos hechos por Gabriel del Toro, Procurador Primero Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, se encuentran, entre otros, la relación de funcionarios y contratistas, con cargos y sueldos, que fueron despedidos de diciembre de 2022 a la fecha. Asimismo, el Presidente de Colpensiones deberá relacionar la carga presupuestal que costaría en caso de eventuales indemnizaciones.
El Ministerio Público indaga si, al parecer, mientras se presentaba la masacre laboral, por el otro lado se daba una cascada de firma de contratos por los que el directivo del fondo pensional también deberá dar explicaciones.
El Delegado de la Procuraduría advirtió que con estos despidos se pueda alterar el normal funcionamiento y calidad en la prestación del servicio de la entidad y se puedan transgredir los derechos laborales de los involucrados.
El ente de control recalcó que continuará vigilante ante este tipo de situaciones que atenten contra los derechos de los trabajadores.
