Los abogados Iván Cancino y Víctor Mosquera han presentado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que piden que se otorguen medidas cautelares a Marelbys Meza, quien anteriormente se desempeñaba como niñera de la exjefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia. La petición se fundamenta en la preocupación por la vida y seguridad de Meza, quien ha estado involucrada en una investigación y seguimiento ilegal.
De acuerdo con los abogados, en la actualidad, Marelbys Meza se encuentra en una situación de grave riesgo que podría tener consecuencias significativas para su vida y su integridad personal, lo que establece un escenario de irreparabilidad en lo que respecta a sus derechos fundamentales.
El caso se remonta a un robo en la residencia de Laura Sarabia, que en ese momento ejercía como jefa de gabinete del Presidente Gustavo Petro. Posteriormente, Meza fue trasladada sin una orden judicial al sótano frente a la Casa de Nariño bajo la supuesta premisa de una investigación judicial que la vinculaba a la pérdida de una suma millonaria de dinero de la vivienda de su empleadora.
La Fiscalía reveló más tarde que Meza también fue víctima de escuchas ilegales y que se la presentó como miembro del Clan del Golfo para obtener la autorización de un juez y poder interceptar sus comunicaciones telefónicas.
Los abogados Cancino y Mosquera afirman en su solicitud a la CIDH que Marelbys Meza se encuentra en un estado de riesgo grave, ya que teme represalias en contra de su vida e integridad debido a su testimonio y a la exposición pública de que fue víctima de interceptaciones ilegales, acusaciones infundadas y pruebas arbitrarias al polígrafo, llevadas a cabo por altos funcionarios del actual Gobierno de Colombia. Además, teme que tanto ella como su familia sean objeto de represalias por señalar e identificar a quienes estuvieron involucrados en estos acontecimientos.
El caso se remonta a un robo en la residencia de Laura Sarabia, que en ese momento ejercía como jefa de gabinete del Presidente Gustavo Petro. Posteriormente, Meza fue trasladada sin una orden judicial al sótano frente a la Casa de Nariño bajo la supuesta premisa de una investigación judicial que la vinculaba a la pérdida de una suma millonaria de dinero de la vivienda de su empleadora.
La Fiscalía reveló más tarde que Meza también fue víctima de escuchas ilegales y que se la presentó como miembro del Clan del Golfo para obtener la autorización de un juez y poder interceptar sus comunicaciones telefónicas.
Los abogados Cancino y Mosquera afirman en su solicitud a la CIDH que Marelbys Meza se encuentra en un estado de riesgo grave, ya que teme represalias en contra de su vida e integridad debido a su testimonio y a la exposición pública de que fue víctima de interceptaciones ilegales, acusaciones infundadas y pruebas arbitrarias al polígrafo, llevadas a cabo por altos funcionarios del actual Gobierno de Colombia. Además, teme que tanto ella como su familia sean objeto de represalias por señalar e identificar a quienes estuvieron involucrados en estos acontecimientos.
