En el marco de una compleja transacción judicial, Transmetro ha revelado detalles sobre la etapa final de la disputa legal con el Consorcio Grandes Proyectos, relacionada con los $27.269 millones que el Gobierno Nacional destinó específicamente al sistema masivo de transporte.
El conflicto se originó con un mandamiento de pago emitido en mayo de 2021 contra Transmetro S.A.S., derivado de una demanda ejecutiva basada en el Laudo Arbitral del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla. La deuda, inicialmente de $8.979.056.585 M/cte, alcanzó los $18 mil millones con la demanda del Consorcio Grandes Proyectos.
El 4 de septiembre de 2023, el Gobierno Nacional anunció la destinación de $27.269 millones para la operación de sistemas masivos de transporte, monto que terminó en una cuenta embargada del banco Serfinanza, generando controversia en Barranquilla.
El gerente de Transmetro, Fernando Isaza, fue señalado por dirigir los fondos a una cuenta embargada en lugar de entregar otra cuenta, desviando así el dinero destinado a mejorar el servicio de transporte masivo y no a pagar deudas pendientes.
Después de una fase de conciliación, Transmetro y el Consorcio Grandes Proyectos acordaron un pago inferior a los $17.939.615.915. La empresa solicitó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico una transacción judicial para evitar mayores pérdidas y buscar la recuperación de fondos comprometidos.
El 9 de noviembre, el Tribunal remitió el expediente a la contadora para la liquidación correspondiente. Esta presentó la liquidación del crédito por $16.523.109.416, aunque Transmetro solicitó la transacción judicial por $17.939.615.915.
Ambas partes acordaron transigir por $16.473.000.000, incluyendo todos los derechos económicos derivados del laudo y su ejecución. Las partes renunciaron a términos de notificación y ejecutoria de la providencia que apruebe la transacción judicial.
A pesar de esta resolución, queda sin respuesta el destino de los más de $50 millones restantes de los $27.269 millones girados por el Gobierno Nacional a Transmetro, depositados en una cuenta embargada.
Finalmente, mientras el gerente Isaza concentra sus esfuerzos en negociaciones con el Consorcio, con fondos destinados a los operadores y no al ente gestor, el sistema de transporte masivo se ve afectado, aumentando la inactividad de buses y generando dificultades para los usuarios. La incertidumbre persiste sobre el impacto real en la continuidad y viabilidad del sistema.
