El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado controversia al firmar el decreto 2287 del 29 de diciembre, que establece un aumento del 13,12% en las tarifas de los peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a partir del primero de enero de 2024.
Este incremento se alinea con la propuesta presentada durante el año por Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, quien indicó que el aumento estaría atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o la inflación del 2022. Bonilla también adelantó que en julio de 2024 se llevará a cabo un segundo ajuste tarifario.
Es relevante destacar que las concesiones que ya habían aumentado el valor del peaje antes del decreto 050 del 2023 experimentarán un aumento adicional conforme al IPC, según lo estipulado en sus contratos de regulación.
En un giro particular, el peaje de Papiros, que conecta Barranquilla con Cartagena, se encuentra exento de cobro hasta el 15 de enero. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció esta suspensión con el objetivo de “continuar las mesas de diálogo con las comunidades y garantizar una normal operación en la época de vacaciones”. Esta medida busca fomentar el diálogo y la participación ciudadana en las decisiones que afectan directamente a la movilidad y economía de la región.
El anuncio del aumento de las tarifas de peajes ha generado reacciones mixtas en la población, con sectores que expresan su preocupación por el impacto económico en los conductores y el transporte de mercancías, mientras que otros destacan la importancia de estos recursos para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial del país.
