Magistrados decidirán en 5 días si abren investigación por presuntos desvíos financieros.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra a punto de definir el destino de la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026, en medio de una intensa controversia por supuestos desajustes financieros que rondan los 6.000 millones de pesos.
Según fuentes cercanas al CNE, los magistrados investigadores Benjamín Ortiz, del partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, presentarán la próxima semana su decisión sobre si se inicia o no un pliego de cargos contra varios miembros de la campaña de Petro por presunta violación de topes electorales.
Hasta el momento, ninguna decisión o ponencia ha sido radicada oficialmente, pero se espera que en cinco días se revele si existe mérito para investigar a Gustavo Petro, Ricardo Roa -entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol-, contadores y partidos que formaron parte de la coalición del Pacto Histórico.
Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a cerca de 6.000 millones de pesos utilizados para eventos de campaña que no han sido debidamente registrados en la contabilidad oficial, según reveló un reconocido diario nacional tras consultar con fuentes del proceso.
Los magistrados investigadores están revisando minuciosamente las respuestas proporcionadas por la DIAN, Colombia Humana y varias empresas privadas para determinar el destino de estos fondos, que podrían haber sido desviados de manera irregular.
La decisión del CNE se produce en un momento crucial, donde Ricardo Roa ha dejado entrever la posibilidad de renunciar a su cargo en Ecopetrol si las investigaciones en su contra afectan a la empresa estatal, que cotiza en la bolsa de Nueva York. Esto surge luego de que se cuestionara su conexión con la adquisición de un costoso apartamento en Bogotá, vinculado al empresario petrolero Serafino Iacono.
Entre los gastos bajo escrutinio se encuentran los pagos a testigos electorales, así como aportes de sindicatos como Fecode y la USO. Se espera que en los próximos días se obtengan respuestas adicionales de entidades como bancos y la DIAN para esclarecer otros posibles pagos no registrados.
Por su parte, la Fiscalía ha manifestado su interés en investigar posibles delitos electorales relacionados con estas conductas. En un requerimiento judicial reciente, se solicitó a Colombia Humana la certificación del vínculo de Ricardo Roa con la campaña de Gustavo Petro, lo que ha generado controversia y sorpresa entre los voceros del movimiento político.
El presidente Petro, por su parte, ha abordado el tema a través de sus redes sociales, haciendo referencia a presiones y acusaciones en su contra. En una publicación reciente, defendió los aportes de sindicatos de trabajadores a su campaña, denunciando una supuesta «ley del embudo» que criminaliza dichos aportes.
Este nuevo capítulo en la política colombiana pone en entredicho la transparencia y legalidad de las campañas electorales, mientras se espera una decisión crucial por parte del CNE que podría tener profundas implicaciones en el panorama político del país.
