El Tribunal para la Paz de la JEP avanza en el juicio contra el antiguo secretariado de las Farc-EP por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes, y de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, tortura y otros actos inhumanos, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud, entre otros.
La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad llegó a esta etapa procesal luego de realizar la evaluación de la correspondencia referida en el artículo 29 de la Ley 1922 de 2018 dentro del Caso 01 denominado: “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP”.
La Sección determinó la correspondencia entre los hechos, las conductas reconocidas, las pruebas allegadas, las calificaciones jurídicas realizadas, los responsables y las propuestas de sanción, luego de haber analizado las contribuciones a la verdad, la aceptación de responsabilidad y las propuestas restaurativas.
El Tribunal para la Paz adoptó esta decisión con aplicación de las diferentes fuentes de derecho que se imponen a esta jurisdicción, facultad que se conoce como calificación jurídica propia, armonizando de manera adecuada el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional. De esta manera garantizó y respetó los principios de legalidad y favorabilidad.
La Sección concluyó en su análisis de correspondencia que quienes integraron el exsecretariado de las Farc-EP “son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad de esclavitud derivadas de la política general de secuestros que adelantó la organización”, pues ellos tuvieron conocimiento de que los trabajos forzados impuestos fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático.
la Sección también encontró que la antigua guerrilla de las Farc-EP adoptó unas políticas de privación de la libertad cuyos propósitos eran: financiación; forzar el canje por guerrilleros presos; y controlar territorios y poblaciones, las cuales derivaron en profundas afectaciones a la sociedad colombiana, pero, particularmente, a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables.
Las víctimas directas e indirectas de los referidos patrones criminales documentados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad padecieron menoscabo de sus derechos en una dimensión material e inmaterial. Esto quiere decir que hubo pérdida de bienes y proyectos de vida, así como de relaciones humanas. Además, las víctimas sufrieron serias consecuencias a su integridad física, psicológica, psíquica y moral, como consecuencia de los malos tratos y de los crímenes concurrentes sufridos durante el secuestro.
La JEP abrió el caso 01 el 4 de julio de 2018 y en su proceso investigativo ha logrado identificar a 21.396 víctimas de secuestro. El 26 de enero de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP imputó al antiguo secretariado de las Farc-EP por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, entre otros. A partir de allí, el macrocaso pasó a llamarse: “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.”
