El abogado Juan Camilo Sanclemente, de la Fundación Defensa de Inocentes, en representación de familiares de siete diputados víctimas de secuestro a manos de las Farc (seis de ellos asesinados), solicitó a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se tomen medidas cautelares en relación con los miembros desmovilizados del secretariado de las Farc, quienes son imputados por secuestro en enero de este año.
Con esta pretensión, los demandantes están solicitando que la JEP ordene que estos sean enviados preventivamente a las zonas de reincorporación, además de suspender sus cargos a quienes de ellos ostenten la calidad de congresistas.
Lo anterior en busca de garantizar la comparecencia al proceso y el cumplimiento de eventuales sanciones que imponga la JEP.
“…varios miembros de dicha extinta guerrilla cuando se han visto enfrentados a un proceso judicial han incumplido el acuerdo de paz firmado con el Estado y se encuentran prófugos de la justicia a pesar de haber suscrito las respectivas actas de compromiso que exige la JEP, ya hay antecedentes sobre dicho riesgo, el cual no puede asumirse por parte de la sala”
De igual manera están solicitando a la Sala de Reconocimiento, se analice como material probatorio, algunos de los correos del computador de “Raúl Reyes” y se cite a declarar a Rodrigo Londoño “Timochenko” y al facilitador de paz Álvaro Leyva (quien recibió los cuerpos en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja).
“El señor Timochenko se requiere para que declare sobre quién ordenó el secuestro de los diputados, planeación y orden de asesinar a los diputados en caso de rescate y la liberación de Sigifredo Lopez” manifestaron.
El abogado Juan Camilo Sanclemente, de la Fundación Defensa de Inocentes, hasta el momento el reconocimiento de los hechos por parte de los excombatientes involucrados ha sido de “poca seriedad”, motivo por cual se requieren encuentros entre víctima y victimario bajo gravedad de juramento.
En caso de no adoptarse las medidas cautelares peticionadas por la parte demandante, y llegados a ser sentenciados, deben ser retirados de cualquier actividad legislativa para que se concentren en cumplir sus condenas.
D.A.
