Mandatarios locales y comisarios recibieron asistencia técnica y evaluaron la situación actual de estas dependencias para la atención de víctimas de violencia en el contexto familiar.
Con la coordinación de la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Justicia y del Derecho se realizaron las jornadas de asistencia técnica para la implementación de la Ley 2126 de 2021, norma que regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia en Colombia. En las actividades participaron alcaldes municipales y los comisarios.
Las capacitaciones fueron lideradas por las secretarías de Interior; Mujer y Equidad de Género, Salud y la Gerencia de Capital Social del Atlántico en las que se analizaron los principales retos para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar.
La secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico, María Lourdes Dávila Márquez, destacó el compromiso de los alcaldes y alcaldesas municipales para apropiarse del tema de las comisarías de familia.
“Expusimos nuevamente cuáles son las necesidades judiciales, interdisciplinarias y financieras de las comisarías de familia, cómo va a ser ese manejo de los recursos, cómo podemos nosotros apropiarnos de ciertos elementos que permitan que las mujeres tengan menos brechas y menos obstáculos para acceder a la justicia”, explicó Dávila.
La secretaria de la Mujer y Equidad de Género indicó que el objetivo es buscar la manera para que las comisarías sean cada vez más eficientes y aportar en la superación de las necesidades que hoy tienen estos centros, sea en materia de infraestructura, recurso humano y archivos”.
UNIÓN DE FUERZAS
Lina Ximena García, quien hace parte del Grupo de Fortalecimiento para la Gestión de las Comisarías de Familia de la Dirección de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, destacó que en la implementación de la Ley 2126 de 2023 es fundamental para la unión de fuerzas que permitan garantizar el acceso a la justicia familiar.
Para la funcionaria del Ministerio de Justicia, los alcaldes son los primeros llamados a brindar esas responsabilidades para el adecuado cumplimiento de la Ley frente a lo que tiene que ver con infraestructura, dotación, espacios de accesibilidad para el servicio óptimo y efectivo del acceso a la justicia.
En cuanto a los recursos que necesitan las comisarías, García se refirió a la estampilla para la justicia familiar, autorizada por la ley para que sea creada por las asambleas departamentales y concejos municipales. Destacó que solamente en seis poblaciones del Atlántico existe esta fuente de financiamiento.
Igualmente resaltó las estrategias para garantizar la disponibilidad permanente de las comisarías de familia al hacer énfasis en la naturaleza del cargo de los comisarios y comisarias y sus equipos interdisciplinares.
COMPROMISO DE TODOS
A las jornadas de asistencia técnica participaron los alcaldes de Repelón, Jorge Eliécer Reales; Santo Tomás, Paula Hunt Badillo; Luruaco, Ameth Juan Hanna; Ponedera, Aristarco Romero; Polonuevo, Óscar Javier Avilez Oliva; Campo de la Cruz, Vanessa Elvia Torres Guete; Galapa, Fabián Bonett Berdugo; Piojó, Fernando Tejera González; y Suan, Carolay Calvo.
Vanessa Torres Guete, alcaldesa de Campo de la Cruz, sostuvo que en su territorio el trabajo con la Comisaría ha sido de la mano. “Me senté y le dije, bueno, esto es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos, vamos juntas para poder sacar la comisaría adelante y que sea una de las mejores del departamento”.
Para el alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, el principal reto es el alto índice de violencia intrafamiliar que hay en su municipio, por lo cual, es el servicio tiene que ser de 24 horas. “Para ello necesitamos que se establezcan políticas públicas claras en cuanto a la financiación de proyectos porque esto generan costos y hay que solventarlos”.
Durante las jornadas también estuvieron las diputadas del Atlántico Alejandra Moreno, Lourdes López e Isabella Pulgar, quienes expresaron el compromiso de la Duma para mejorar las condiciones que permitan garantizar los derechos y la implementación de una efectiva ruta de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar y de género en el departamento.
