El sector transporte ha tomado la iniciativa de aclarar varias afirmaciones inexactas sobre la Contribución Nacional de Valorización, a raíz del reciente Conversatorio sobre su impacto en Atlántico y Bolívar y una columna de opinión publicada en El Heraldo. En un comunicado, se defiende la legalidad y justificación del cobro de valorización, enfatizando que este mecanismo está respaldado por la Ley 1819 de 2016 y su reglamentación.
La valorización, creada en 1921 y reestablecida en 2016 tras ser interrumpida por la Corte Constitucional, se aplica a proyectos de infraestructura vial en el país. El sector asegura que no es ilegal, antitécnica ni inequitativa, ya que se basa en estudios de capacidad de pago y exenciones para estratos bajos, promoviendo así la equidad social.
Se destaca que, de 248,000 predios en la zona de influencia, solo 147,000 serán gravables. Los recursos recaudados, que se estiman en 1,2 billones de pesos, se reinvertirán en obras de infraestructura en la región. Además, se asegura que el cobro no es retroactivo y que el corredor en cuestión ha sido diseñado conforme a las necesidades del tráfico.
El sector transporte invita a la comunidad a participar en la socialización del proceso y a mantenerse informada sobre la liquidación de la tarifa, que se ajustará a la realidad económica de cada predio. Con esta serie de aclaraciones, se busca desvirtuar mitos y asegurar un entendimiento claro sobre la valorización y su impacto positivo en el desarrollo regional.
